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Marelbys Meza la exniñera experta en polígrafos, ha hecho tres, puso al país a hablar del polígrafo, como si fuera una prueba rara y excepcional, y resulta que es más común de lo que uno supone en las entidades oficiales y la empresa privada.
El uso del polígrafo fue autorizado por primera vez en la resolución 2593 de 2003, de la Superintendencia de Vigilancia, para la selección de personal en las empresas de vigilancia y seguridad.
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En el 2012, la DIAN adoptó el uso de polígrafo para cargos de libre remoción y nombramiento y la Corte Constitucional avaló la decisión.
En el año 2015, el gobierno Santos lo extendió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Colpensiones y Fondo Nacional del Ahorro, entre otros, como pacto de transparencia.
El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, también lo impuso como mecanismo anti corrupción en el plan de inversión por 2,7 billones de pesos.
La Fiscalía en el acuerdo 001 del 16 de julio de 2021 ordenó hacer ‘estudio de seguridad de carácter reservado’ para el ingreso de funcionarios en el concurso de mérito.
Es decir, el uso del polígrafo se ha promovido en Derecho laboral, civil, administrativo y disciplinario sin que sea válido como prueba judicial. Por eso se le llama “prueba de confiabilidad y credibilidad”.
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En una reciente encuesta entre ciudadanos, abogados y funcionarios de la Rama Judicial, el portal “El mero tenedor” encontró que el 62 por ciento lo considera legítimo.
Pues bien, la Fundación DILO, (Defensa de la Información Legal y Oportuna) se apresta a ponerle el cascabel al gato para que el uso del polígrafo y los estudios de seguridad sean suspendidos hasta tanto se expida una rigurosa reglamentación que genere claridades y sobre todo seguridades para los servidores públicos que deben cumplir estas funciones.
DILO, en un derecho de petición, le ha preguntado a la Fiscalía, Ecopetrol, la DIAN, Colpensiones, el Ministerio de Defensa, el departamento administrativo de la Presidencia de la República y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde cuándo y cómo usan el polígrafo.
Esas entidades del Estado tendrán que responder si usan el polígrafo en casos de fraudes, corrupción, fuga de información y para el ingreso de funcionarios o a particulares.
Además, DILO pregunta si las “pruebas de confiabilidad y credibilidad”, o polígrafo, las hacen con autorización judicial y asistencia de abogado.
El debate por el uso del polígrafo está muy candente y del derecho de petición de DILO saldrá una acción de cumplimiento para que en Colombia se expida una norma muy clara que separe lo que es verdad y lo que es mentira, en este polémico tema.
