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La Fiscalía General reveló que se compulsaron copias para investigar la posible responsabilidad por omisión de funcionarios públicos en los aberrantes casos de tortura física y psicológica de menores de edad en condición de discapacidad en una Fundación de Ibagué, Tolima, que terminó con la captura de 10 personas.
Así lo informó en entrevista con RCN Radio, Mario Gómez, delegado de la Fiscalía para la Atención de la Infancia y la Adolescencia, quien sostuvo que estas acciones hacen parte de las labores investigativas para dar con todos los responsables de estos hechos.
“El caso es muy triste, es un episodio muy dramático porque se trata de una Fundación que bajo convenio con el ICBF tiene una serie de cupos para atención de niños y niñas donde le remiten a niños que son mayores de siete años y menores de 18 en la mayoría de los casos con situación de discapacidad y en situación extrema vulnerabilidad“, indicó el fiscal Gómez.
El fiscal Gómez indicó que por el momento se tienen 10 casos completamente documentadoscon importante material probatorio, pero no se descarta la posibilidad de otros casos de menores víctimas en hechos en similares. “Es una Fundación que venía atendiendo hasta un cupo de 40 menores, así que es un gran número de niños los que ha venido sufriendo de estas situaciones”, indicó.
Asimismo, sostuvo que para lograr descubrir los hechos que estaban pasando en esta Fundación fue clave la colaboración e información suministrada por un extrabajador de esta Organización no Gubernamental, quien hoy es testigo de la Fiscalía. De igual forma, reportó que la Fiscalía investiga otros casos como el sucedido en Ibagué, relacionados con la extrema omisión en que incurren funcionarios o particulares cuando tiene a su cargo el cuidado de menores.
También señaló que se comprobó que los menores eran amarrados y además les aplicaban una serie de medicamentos para mantenerlos aturdidos y bajo control disciplinario, lo que se configura en el delito de tortura al cometerse un sufrimiento físico y emocional desmedido. “Esta Fundación, a través de los profesionales trabajaban allí, les aplicaban a los menores una políticas de choque para efectos de tener una contención disciplinaria a los menores”, dijo el fiscal Gómez.
Todos los capturados, entre quienes se encuentra la directora de la Fundación, se enfrentan a una pena ejemplar de ser hallados culpables debidos a que son señalados de ser autores de delitos como tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio.
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