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Aprueban en tercer debate proyecto que sanciona a dueños de bares y restaurantes por apropiación de propinas

La Comisión Tercera de Senado aprobó en tercer debate, el proyecto de ley que busca asegurar que las propinas lleguen y tengan como destino el personal de servicio de los restaurantes, bares y establecimientos comerciales.

Actualizado:
Martes, Septiembre 26, 2017 - 17:31
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AFP

Al respecto el autor de la iniciativa, el Representante a la Cámara Efraín Torres, explicó que el personal de servicio de todo establecimiento comercial contará con que se le respete la totalidad del monto de las propinas, evitando así que los dueños de los locales comerciales se apropien de este dinero.

“A partir de la aprobación de este proyecto pondremos fin a esta situación. Al ser fiscalizadas las propinas por los empleados, meseros, bartenders, chefs y demás empleados del personal del servicio podrán contar con un aumento salario de en promedio 150 mil pesos, lo que representa un importante incremento en el ingreso de estas personas”, afirmó Torres.

De convertirse en ley esta iniciativa, establecerá sanciones para dueños de establecimientos en dos tipos de casos: el primero de ellos, cuando en los establecimientos se impongan la propina dentro de las facturas y apliquen una obligatoriedad al consumidor. De darse esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podría imponer multas hasta por más de 1.300 millones de pesos.

En el segundo de los casos el Congresista por Bogotá asegura que tiene que ver con la apropiación de las propinas por parte de los empleadores: “Allí podría entrar a sancionar el Ministerio de Trabajo hasta por más de 3.400 millones de pesos. El que no cumpla con las normas vigentes y sea reiterativo en las faltas podría verse afectado con el cierre del establecimiento”, concluyó Torres.

Agregó Representante a la Cámara por Bogotá, que este proyecto significaría un paso adelante en las condiciones de trabajo en el país y envía un mensaje de tranquilidad al sector comercial, “pues esta ley no representa una amenaza contra el comercio, ni la empresa privada”.