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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, emitió una circular con lineamientos con respecto a las decisiones que toma la Procuraduría para sancionar a los funcionarios públicos, pues pidieron que se aplique el principio de proporcionalidad.
En el documento, la Agencia dice que hay un problema por las sanciones disciplinarias que son impuestas contra los funcionarios, especialmente cuando se trata de las decisiones emitidas por la Procuraduría.
“Se identificó una problemática concreta derivada de la causa por ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones disciplinarias, relacionada con la proporcionalidad de este tipo de sanciones, específicamente, cuando son impuestas por la Procuraduría General de la Nación”, menciona el pronunciamiento de la agencia.
La circular resalta que según las estadísticas en la base de datos de la entidad la Procuraduría tiene más de 1.500 procesos de demandas activas en su contra, de los cuáles la mayoría hacen referencia a la proporcionalidad de la sanción, lo que hace que el organismo sea una de las entidades más demandadas.
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“Estudió las entidades más demandadas por número de procesos en esta causa, dentro de las cuales se ubicó en segundo lugar la Procuraduría General de la Nación con 1.510 procesos en total, dentro de los cuales se cuentan 549 activos. (…) se pudo establecer que una de las causas recurrentes en sentencias desfavorables y demandas activas hace referencia a la proporcionalidad en la imposición de sanciones disciplinarias”, añade el documento.
En las conclusiones, la Agencia resalta que la proporcionalidad permite que la sanción no pierda sus características, además de explicar que las decisiones deben ser emitidas en consideración de los elementos de prueba.
“La proporcionalidad implica que la sanción no pierda su correlación o simetría con la gravedad de la conducta. La sanción debe ser impuesta después de realizar una valoración de todos los elementos probatorios, con el fin de brindar seguridad jurídica al servidor público”, concluye la entidad.
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Este pronunciamiento se da luego de la sanción de la Procuraduría al canciller Álvaro Leyva, por el caso del escándalo de la declaratoria como desierta de la licitación de los pasaportes.
