Agarrón entre Paloma Valencia y el presidente Gustavo Petro por ahorros pensionales

Duros señalamientos cruzaron ambas figuras en torno al futuro de los ahorros de los cotizantes y quién debe administrarlos.
Gustavo Petro y Paloma Valencia
Gustavo Petro y Paloma Valencia Crédito: Colprensa

En medio de una convulsa jornada para el panorama económico y político, tras la expedición del Decreto 0415 de 2026 (que ordena el traslado de $25 billones de los ahorros de los cotizantes de fondos privados a Colpensiones) se presentó un fuerte rifirrafe entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el mandatario Gustavo Petro.

Inicialmente, la militante del Centro Democrático afirmó: “La reforma pensional de su Gobierno estableció que los fondos privados de pensiones deben seguir administrando los recursos de los ahorradores que se trasladen a Colpensiones mientras cumplen los requisitos para jubilarse. No se pueden girar antes y el Gobierno no puede pasar por encima de la ley. No es un invento de la oposición; es la reforma que aprobaron sus mayorías (compradas con la plata de la UNGRD)”.

Ante este señalamiento, el mandatario respondió recordándole a Valencia que ella demandó la reforma pensional: “(...) por su demanda, su amigo, el magistrado Ibáñez, no permitió que entrara en vigencia, porque demoró todo lo que pudo la ponencia y la Corte Constitucional aún no resuelve. ¿Por qué ahora teme su decisión en época electoral?”, cuestionó.

Además, el jefe de Estado agregó que: “usted calumnia cuando dice que esto es para que el Gobierno se robe el dinero de los trabajadores cotizantes. No, señora: usa populismo barato sobre bases falsas”.

Por su parte, Valencia también se refirió al traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones: “más bien diga la verdad de lo que hay detrás de esta infame jugada: Colpensiones usará estos recursos para pagar pensiones a corto plazo. Con esto, el dinero que el Gobierno tenía previsto girar a Colpensiones le queda libre para gastar en lo que quiera, justo durante elecciones. Se lo seguirán robando”.

En respuesta, el presidente Petro afirmó que los fondos privados de pensiones no son dueños de los ahorros de los trabajadores:
“Si estos libremente se pasaron a Colpensiones y se pensionaron allí (porque ahí sí se pueden pensionar y no en los fondos privados creados por Uribe), entonces los fondos tienen la obligación, por ley, de entregar esos recursos”, señaló.

Y añadió que, “si los administradores de los fondos privados, que son banqueros, no entregan esos recursos a Colpensiones, entonces son ellos quienes se están apropiando de la rentabilidad y están estafando a la Nación, que es el pueblo colombiano”.

Asimismo, aseguró que actualmente el Estado transfiere cerca de $12 billones a Colpensiones, destinados a subsidios pensionales.

“Si no le gusta esto, entonces retire su demanda a la ley de reforma laboral y permita que entre en vigencia la reforma pensional”, concluyó Petro.

Finalmente, Valencia reiteró que continuará defendiendo los ahorros de los trabajadores: “el Consejo de Estado debe suspender esta arbitrariedad con urgencia. Y no mienta: yo no demandé la reforma laboral”, afirmó.

¿Cómo afecta esto a los ciudadanos?

El debate impacta directamente a los cotizantes:

Podría cambiar quién administra sus ahorros (fondos privados vs. Colpensiones).

Genera incertidumbre sobre la estabilidad del sistema pensional.

A largo plazo, puede influir en el acceso y monto de las pensiones.

¿Qué propone el Gobierno con el traslado de recursos?

El gobierno de Gustavo Petro plantea trasladar alrededor de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones para garantizar el pago de pensiones y reorganizar el sistema para que más personas puedan jubilarse.

¿Por qué Paloma Valencia se opone?

Valencia argumenta que ese traslado podría ir en contra de la ley y pone en riesgo los ahorros de los trabajadores. Además, sostiene que el dinero podría usarse para cubrir gastos del Gobierno en el corto plazo, especialmente en un contexto electoral.

¿Quién tiene la razón legalmente?

Ese es precisamente el punto en disputa. Mientras el Gobierno afirma que los fondos deben entregar los recursos por ley cuando los afiliados se trasladan, la oposición sostiene que las condiciones actuales no permiten hacerlo de esa manera.


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