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Después de haber estado engavetado en el Senado de la República, la plenaria de la corporación finalmente aprobó en segundo debate el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú.
La iniciativa establece medidas para el cuidado del medio ambiente y garantiza la protección de los líderes sociales que defienden estas causas.
La aprobación del tratado supone el primer pulso que gana el presidente electo, Gustavo Petro, en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que una de las banderas que defendió durante la campaña política, fue la ratificación de este acuerdo internacional.
El senador Iván Cepeda, ponente del proyecto, aseguró que el Acuerdo de Escazú garantiza el “acceso a la información, la posibilidad de participación en decisiones medioambientales. Los procesos de consulta previa son atacados inmisericordemente gobierno tras gobierno en Colombia, así que habrá justicia medioambiental, que es prácticamente inexistente”.
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Además, desmintió a quienes señalan que el país ya cuenta con herramientas para proteger la vida de los dirigentes ambientales.
“Decir que en Colombia existen herramientas para proteger a los líderes medioambientales lo demuestra el hecho de que somos campeones en el planeta en este exterminio de personas que lideran procesos de defensa medioambiental, así que es una falacia, una mentira impúdica decir que este acuerdo no hay que aprobarlos porque tenemos muchas herramientas a la mano para defender los derechos que están contenidos en el mismo”, añadió.
La senadora María José Pizarro reveló cifras de los dirigentes ambientales que han sido asesinados en el país. “Nosotros somos el sexto país en el mundo con el mayor número de conflictos ambientales, el segundo en América Latina. Además, 65 líderes ambientales han sido asesinados en nuestro país, es decir, el 28,6% de los 227 homicidios que se presentaron en todo el mundo”, dijo.
El Centro Democrático no votó la ratificación del Acuerdo de Escazú, porque señaló que eso le traerá inseguridad jurídica al país, a las empresas y al sector productivo en general.
El senador Ciro Ramírez dijo que “luego de un estudio jurídico del acuerdo, nuestra bancada encuentra que Escazú significa la pérdida de la soberanía de Colombia, por tratar de un acuerdo que supone la prevalencia del derecho internacional sobre el orden interno”.
“Para salvaguardar la protección del medio ambiente, la participación de las comunidades y la seguridad de los líderes sociales, el país no tiene que exponerse a un acuerdo como Escazú, que genera inseguridad jurídica, duplicidad normativa y pone en riesgo a todos productores sin importa su tamaño, condición social o actividad”, agregó.
El tratado de Escazú ahora pasará a la cancha de la Cámara de Representantes en donde deberá enfrentar sus dos debates finales, antes de pasar a sanción presidencial.
