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La crisis humanitaria en el departamento de Antioquia continúa agudizándose, por cuenta del accionar violento de los grupos armados ilegales, en varias zonas rurales.
El gobernador Andrés Julián Rendón denunció que, entre el 30 de diciembre del año pasado y lo corrido de este año, se han registrado más de 30 casos de desplazamiento y confinamiento forzado en diferentes subregiones del departamento.
Actualmente, se mantienen tres desplazamientos masivos activos. Uno de los más críticos se vive en el municipio de Tarazá, donde desde hace mes y medio 138 personas, pertenecientes a 52 hogares, no han podido regresar a sus viviendas por temor a enfrentamientos entre estructuras armadas.
Una situación similar se presenta en el municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño, donde 192 familias, equivalentes a 322 personas, permanecen también confinadas en sus veredas por el control territorial de los grupos ilegales.
En El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca, se reporta también el confinamiento de al menos 23 hogares, lo que representa más de 80 personas, que no pueden vivir en casa.
Aunque en municipios como Briceño y Valdivia el panorama empieza a mostrar leves mejoras, la situación sigue siendo delicada. En Briceño, por ejemplo, unas 20 personas han comenzado a retornar a sus viviendas, de las 2.000 que habían sido desplazadas, muchas de ellas sin garantías de seguridad.
Así lo reportó Patricia Giraldo, subsecretaria de derechos humanos de Antioquia, quien denunció también que este año van 20 personas muertas entre civiles y militares, producto de la instalación de minas en el departamento.
Las autoridades hacen un llamado al Gobierno Nacional para reforzar las seguridad en las subregiones afectadas por la crisis humanitaria.
