Sandra Ortiz tendría como única opción un preacuerdo en el caso UNGRD

Sandra Ortiz es investigada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.
Sandra Ortiz
La exconsejera presidencial quien fue llamada a juicio por este escándalo, está privada de la libertad en una guarnición militar. Crédito: Camila Díaz-RCN Radio

La FM de RCN Radio conoció que la única vía que tendría la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, para concretar una negociación con la Fiscalía es un preacuerdo, porque se le acabó el tiempo para firmar un principio de oportunidad, como una de las protagonistas del escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.

De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía, el proceso y las pruebas contenidas contra Sandra Ortiz son contundentes, por lo que pensar en otorgarle un principio de oportunidad para renunciar a la acción penal en su contra está prácticamente descartado, como sucedió con los primeros protagonistas de este escándalo de corrupción.

Cabe mencionar que Olmedo López; Sneyder Pinilla; el contratista Luis Eduardo López, alias el Pastuso; Pedro Rodriguez Melo y Luis Carlos Barreto, terminaron firmando preacuerdos con la Fiscalía que oscilan entre los tres y los siete años de prisión y el reintegro de recursos entre 150 millones de pesos y los 7.000 millones de pesos.

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Sin embargo, fuentes cercanas a este proceso indicaron que Sandra Ortiz, quien fue llamada a juicio al ser considerada como ‘la mensajera’ para las entrega de las coimas a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, ha insistido en sus contactos con la Fiscalía en querer colaborar ya que al parecer estaría dispuesta a delatar a otros implicados con este entramado, incluido el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, con la intención de obtener beneficios judiciales.

Sandra Ortiz es investigada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos, tras ser señalada de transportar una maleta con 3.000 millones de pesos que habrían sido entregados al expresidente del Senado, Iván Name, en una camioneta asignada de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Dentro de las pruebas que recolectó la Fiscalía, se encuentra el propio celular de la exfuncionaria del Gobierno Petro y el cruce de celdas realizado por los peritos, que corroboraría la declaración entregada por Sneyder Pinilla, sobre los movimientos realizados por la ex consejera para la supuesta entrega del dinero al expresidente del Congreso.

De acuerdo con las indagaciones y el testimonio de Sneyder Pinilla, dicha entrega se habría realizado en el hotel Tequendama Suites en Bogotá, donde la exconsejera estuvo hospedada en las habitaciones 2312 y 2304.

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Ortiz se habría reunido en septiembre de 2023 con el exsubdirector de la Unidad de Riesgo para recibir $3.000 millones que estarían destinados a Iván Name, para favorecer la agenda legislativa del Gobierno.

Actualmente, la exconsejera está privada de la libertad en una guarnición militar.


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