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Miguel Ángel Pinto Rueda, el representante a la Cámara, participó en la radicación de un proyecto de ley para transparentar las relaciones entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República y en entrevista con Juan Lozano, en el noticiero de la mañana de La FM, explicó los alcances de la iniciativa, que busca hacer públicas las gestiones de los legisladores para conseguir recursos y proyectos para sus regiones.
Pinto explicó cómo funcionaría el mecanismo de registro de las gestiones de los congresistas y cuáles serían los límites frente a la contratación pública. Los ciudadanos podrían consultar desde sus celulares qué proyectos promueven sus representantes y hacer seguimiento a las obras cuando presenten dificultades durante su ejecución.
¿Cómo funcionaría la ley antimermelada que propone Miguel Ángel Pinto?
Uno de los mecanismos es habilitar un registro para que los ciudadanos consulten, desde sus teléfonos celulares, las gestiones que adelantan los congresistas. Según Pinto, esta herramienta permitiría identificar los proyectos que promueven los legisladores y hacer seguimiento a su ejecución.
El representante dijo que la ciudadanía también podría ejercer veeduría cuando las obras presenten inconvenientes durante su desarrollo. De esta manera, el registro no se limitaría a informar sobre las solicitudes de recursos, sino que facilitaría el seguimiento a los proyectos gestionados por los integrantes del Congreso.
“Que los colombianos desde su celular, por medio de un registro, puedan conocer qué es lo que están haciendo los congresistas”, explicó Pinto.
La iniciativa también busca diferenciar la gestión de proyectos regionales de las prácticas que, según el congresista, permiten utilizar los recursos públicos para influir en las decisiones legislativas. Por esa razón, insistió en que hacer pública la información no significa autorizar acuerdos entre el Gobierno y los parlamentarios para asegurar votaciones.
Durante la conversación, Juan Lozano le preguntó si un congresista podría condicionar su voto sobre una iniciativa del Ejecutivo a cambio de que se atendieran determinadas necesidades de su región. Pinto respondió que esa conducta no está contemplada en el proyecto.
“Esto no es una negociación”, afirmó el representante.
¿Qué plantea el proyecto sobre la financiación de las campañas políticas?
Pinto también se refirió a la financiación de las campañas y a los vínculos entre los congresistas y los sectores económicos que respaldan sus candidaturas. Para explicar su posición, mencionó a los floricultores de la Sabana de Bogotá y a los cacaoteros y mineros de Santander.
Según el representante, los ciudadanos deben conocer quiénes financian las campañas y qué sectores representan los legisladores que reciben esos aportes. En su opinión, esos vínculos deben declararse públicamente para que la ciudadanía identifique los intereses que pueden intervenir en las actuaciones de sus representantes.
“Ese debe ser un conflicto de interés que debe ser expuesto, declarado”, señaló Pinto al explicar su postura sobre la relación entre los financiadores y los congresistas.
El representante sostuvo que los legisladores llegan al Congreso para representar diferentes sectores de la sociedad y que, por tanto, resulta necesario hacer públicos los vínculos relacionados con la financiación política. También afirmó que actualmente algunos financiadores permanecen ocultos y que las situaciones vinculadas con posibles conflictos de intereses se tramitan mediante impedimentos.
Pinto explicó que la iniciativa pretende que esas relaciones sean conocidas por los ciudadanos, sin que la financiación de una campaña se convierta en un mecanismo para obtener beneficios relacionados con decisiones legislativas o contratos públicos.
Asimismo, aclaró que el proyecto no autoriza la entrega de dinero en efectivo a los congresistas a cambio de sus votos. Al referirse al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que la propuesta busca transparentar la gestión de recursos y proyectos, pero no permitir prácticas como las que describió durante la entrevista.
¿Qué restricciones tendrían los congresistas con la nueva ley?
Otro de los puntos fue la intervención de los congresistas en los procesos de contratación pública. Ante la pregunta de Lozano sobre las sanciones que podrían enfrentar quienes incumplan las reglas, Pinto explicó que el proyecto establece restricciones para impedir que los legisladores participen en determinadas actuaciones contractuales relacionadas con sus gestiones.
El representante afirmó que los congresistas no podrán intervenir en la contratación ni en la selección de contratistas en los casos contemplados por la iniciativa. Además, indicó que perderían el beneficio previsto en el proyecto si se descubre que participaron en esos procesos o recibieron ventajas directas o indirectas.
“El congresista no podrá intervenir y perderá el beneficio”, expresó Pinto al explicar las consecuencias que, según su intervención, establecería la propuesta.
La restricción también comprendería los beneficios recibidos por familiares de los legisladores, de acuerdo con lo señalado por el representante. Sin embargo, durante la entrevista no se detallaron los procedimientos para determinar esas conductas ni el alcance jurídico de cada una de las consecuencias mencionadas.
Lozano planteó la posibilidad de que las infracciones pudieran derivar en la pérdida de investidura. Pinto mencionó esa figura al responder sobre las sanciones, aunque la conversación no precisó las condiciones legales para su aplicación.
¿Qué busca cambiar la ley antimermelada?
El proyecto pretende establecer mecanismos de transparencia para que los ciudadanos conozcan las gestiones de recursos y proyectos que realizan los congresistas ante el Gobierno nacional. También plantea restricciones para evitar que esas actuaciones se utilicen para negociar votos o conseguir beneficios particulares.
¿Los ciudadanos podrán vigilar las gestiones de los congresistas?
Sí. Según explicó Miguel Ángel Pinto, la propuesta contempla un registro que permitiría consultar desde los teléfonos celulares los proyectos gestionados por los legisladores y hacer seguimiento a las obras cuando presenten inconvenientes durante su ejecución.
¿La iniciativa permitirá intercambiar votos por contratos o recursos?
No. Pinto afirmó que el proyecto no busca legalizar acuerdos entre el Gobierno y los congresistas a cambio de votos. También señaló que los legisladores no podrán intervenir en la selección de contratistas ni recibir beneficios directos o indirectos en los casos contemplados por la propuesta.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
