La FM en Google News
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de una red delincuencial que, según la investigación, estafó a más de 1.000 personas en Medellín con falsas membresías en planes turísticos y habría obtenido ganancias ilícitas superiores a los 14.000 millones de pesos.
De acuerdo con el ente acusador, supuestas agencias de viajes abordaban a ciudadanos en centros comerciales de la ciudad con ofrecimientos de bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos.
Una vez en sus oficinas, a las víctimas les pedían cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el pretexto de validar los beneficios. Sin embargo, esos elementos eran utilizados para abrir productos financieros y realizar transacciones fraudulentas a nombre de los afectados.
La Fiscalía indicó que la mayoría de las víctimas eran adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas. Eran abordadas por integrantes de una estructura que operaba a través de empresas con distintas razones sociales, y los recursos obtenidos terminaban en cuentas controladas por la organización.
Presuntas víctimas eran acompañadas hasta sus viviendas
Cuando los afectados no llevaban sus documentos o tarjetas, los acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos y, además, les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechando sus limitaciones visuales o la confianza generada con las ofertas. La fiscal del caso narró cómo se habrían aprovechado de una víctima con una condición de salud para realizar transacciones con sus tarjetas.
“De manera consistente su señoría la víctima negó haber autorizado contratos con la empresa Fachada, haber consentido transacciones bancarias, haber aprobado la apertura de productos financieros a su nombre, pero pues no obstante, posteriormente se verificaron transacciones a su nombre por un valor de 11 millones 400 mil pesos”, declaró.
Seis personas fueron judicializadas
Las denuncias y las evidencias recopiladas permitieron a la Fiscalía identificar el esquema ilegal. Los presuntos implicados son Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado.
Los procesados no aceptaron los cargos. Cinco de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Manrique Villa deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Su situación judicial está pendiente de ser resuelta por la autoridad competente bajo el principio de presunción de inocencia.
Esta noticia en cinco preguntas
¿De qué se acusa a los seis presuntos integrantes de la red delincuencial?
La Fiscalía los señala de presuntamente participar en una estructura que habría estafado a más de 1.000 personas en Medellín mediante falsas membresías en planes turísticos. Según la investigación, la organización habría utilizado ofertas de viajes y descuentos para obtener información personal y financiera de las víctimas, abrir productos financieros a sus nombres y realizar transacciones fraudulentas. Las ganancias ilícitas superarían los 14.000 millones de pesos.
¿Cómo abordaban a las personas para ofrecerles los supuestos beneficios turísticos?
De acuerdo con la Fiscalía, integrantes de la red contactaban a ciudadanos en centros comerciales y les ofrecían bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos. Luego los llevaban a sus oficinas, donde solicitaban sus cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares bajo el argumento de verificar los beneficios. Según la investigación, esa información y esos elementos habrían sido utilizados para realizar operaciones financieras sin autorización.
¿Quiénes eran las principales víctimas de esta presunta estafa?
La mayoría de los afectados eran adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas. La Fiscalía sostiene que los presuntos responsables se habrían aprovechado de esas condiciones y de la confianza que generaban las ofertas. En algunos casos, cuando las personas no tenían sus documentos o tarjetas consigo, supuestamente las acompañaban hasta sus viviendas para conseguirlos.
¿Qué evidencias menciona la Fiscalía sobre las transacciones realizadas sin autorización?
La fiscal del caso expuso el testimonio de una víctima que negó haber autorizado contratos con una empresa, consentido transacciones bancarias o aprobado la apertura de productos financieros a su nombre. Pese a ello, según la declaración citada durante la audiencia, posteriormente se verificaron transacciones por un valor de 11 millones 400 mil pesos. Las denuncias y las evidencias recopiladas permitieron avanzar en la identificación del presunto esquema delincuencial.
¿Qué delitos les imputaron a los seis investigados?
Una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín presentó a los seis señalados ante un juez de control de garantías y les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado. La judicialización corresponde a una etapa del proceso penal y no significa que los investigados hayan sido condenados.
