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La controversia en el norte del Valle de Aburrá ha escalado a niveles de seguridad nacional. El traslado de Pérez Muñoz hacia la cárcel de Itagüí ha encendido las alarmas, no solo por la rigurosidad del centro penitenciario, sino por quiénes habitan en sus pabellones. Según la defensa y la familia del exmandatario, llevarlo a este lugar es "ponerlo en la boca del lobo".
¿Persecución o procedimiento?
Diana Marcela Uribe, esposa de Pérez, fue tajante al señalar que esta decisión del INPEC está viciada por presiones externas. En sus declaraciones, apuntó directamente al senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, calificándolo como un "enemigo público" de su esposo que habría impulsado la celeridad del traslado.
"Evidentemente este es un tema netamente político. Temo por la vida de Óscar Andrés y por la mía misma", afirmó Uribe, visiblemente afectada por la situación.
Según la denuncia, el congresista habría utilizado escenarios públicos para estigmatizar al exalcalde, lo que habría influido en que se le asignara un cupo en una cárcel de máxima seguridad, a pesar de que su situación jurídica actual es la de sindicado por presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
El peligro de "La Paz"
El argumento técnico de la defensa, liderada por la abogada Hilda Astrid Carvajal, se centra en la seguridad física. El traslado a la cárcel de Itagüí (conocida como La Paz) implica que Pérez compartirá espacio o al menos cercanía con cabecillas de estructuras criminales que él mismo combatió y ayudó a capturar durante su gestión como alcalde de Bello.
Para la familia, resulta incomprensible que el INPEC no considerara opciones con menores niveles de riesgo, como el centro penitenciario de Santa Bárbara, donde, aseguran, habría mayores garantías. La advertencia es clara: en Itagüí están quienes juraron venganza contra el hombre que lideró la seguridad en Bello años atrás.
Contexto Judicial
Es importante recordar que Óscar Andrés Pérez se encuentra bajo custodia mientras avanza el proceso en su contra. Sin embargo, su entorno insiste en que su derecho a la vida es superior a cualquier trámite de reclusión y que el Estado será el único responsable si algo llega a ocurrirle dentro del penal.
