La FM en Google News
Por orden de la JEP, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', y José Lisandro Lascarro, alias 'Pastor Alape' tienen 30 días hábiles para entregar información precisa y detallada sobre los bienes que fueron entregados por las Farc tras su desmovilización.
La decisión se da con el objetivo de establecer la cantidad exacta de bienes y activos de las Farc que están en poder de las autoridades y así poder decretar medidas cautelares para protegerlos y destinarlos a la reparación de las víctimas.
El propio Alape le pidió a la JEP, el pasado 15 de febrero, que decrete las medidas cautelares sobre estos bienes. Sin embargo, en el auto emitido por la JEP se advierte que no coinciden el total de los bienes del inventario presentado por el Secretariado de las Farc y el que Alape entregó cuando hizo dicha solicitud.
Respecto 'Timochenko', la JEP le exige que identifique e individualice todos los bienes y activos, informe sobre sus matrículas inmobiliarias, e indique su ubicación exacta y que describa sus linderos.
Los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP también fijaron ese mismo plazo para varias entidades del Estado que tienen información sobre los bienes recibidos.
En el caso de la Fiscalía, deberá en ese mismo plazo entregar un informe a la JEP sobre la clasificación y relación de bienes y activos de las antiguas Farc que se encuentren en extinción de dominio, con o sin medidas cautelares. Así mismo, se pidió que informe sobre los bienes y activos no inventariados y que reporte las amenazas, pérdidas y deterioros de los mismos.
La Fiscalía también deberá informar si ha identificado otros bienes y activos de propiedad de antiguos miembros de las Farc que aún no hayan sido recuperados.
Órdenes similares les fueron dadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Ministerio del Interior, al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la Agencia Nacional de Tierras, el Inpec, a la Unidad para las Víctimas, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría.
De otra parte, el auto les da un plazo de 15 días hábiles a las organizaciones de víctimas para que se “pronuncien sobre la solicitud de medidas cautelares invocada por la UIA, la cual involucra la reparación material, en el marco de la reparación integral”.
