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El representante civil del general William Rincón, inspector de la Policía Nacional, denunció ante la Fiscalía General que desapareció luego de denunciar amenazas la menor de 15 años que al parecer sostuvo una relación con Juan Felipe Rincón y que acompañó al hijo del oficial hasta el barrio Quiroga, de la localidad Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá, donde fue asesinado el domingo 24 de noviembre de 2024.
El abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, abogado del general Rincón, le solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que ese organismo adelante las acciones necesarias que permitan avanzar en las respectivas investigaciones ante las irregularidades que han sido detectadas en el marco del proceso.
"A raíz de la inanición de la Fiscalía General de la Nación frente a la investigación, se optó por dar órdenes a investigadores privados de entrevistar a la persona que se había contactado por WhatsApp y a la menor. Por un lado, en la entrevista realizada a la persona que se encontraba cuidando a la menor se evidencia que se encontraba en peligro por haber sido sujeto de amenazas y que esta quería contar la verdad de lo sucedido, pero necesitaba protección por parte de las autoridades", indica el memorial dirigido a la Fiscalía.
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Según el representante civil a pesar de que los mismos fiscales encargados de la investigación han manifestado que observan la comisión de otros delitos dentro de los hechos, en ningún momento compulsaron copias a las unidades especializadas para adelantar los procesos pertinentes.
De acuerdo con el abogado mediante informe ejecutivo remitido el 28 de enero de 2025, los investigadores de la representación de víctimas manifestaron que a pesar de haber adelantado las diligencias necesarias y contar con el visto bueno para llevar a cabo la entrevista, el centro de menores indicó que desde el 27 de enero se desconoce el paradero de la menor, tras salir de las instalaciones a una cita médica.
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Ante estos hechos el llamado de la familia de la victima es para que se lleve a cabo una intervención oportuna para frente a las deficiencias en la investigación, una posible omisión de pruebas fundamentales, desprotección de testigos y demora en la asignación de un fiscal para avanzar en las diligencias judiciales.
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