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La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena contra la exdiputada de Antioquia, Ángela María Cano Vargas, quien purga una condena de 11 años de prisión por una millonaria estafa a familias de bajos recursos en Itagüí con un proyecto de vivienda que nunca se construyó.
Este fallo en segunda instancia de la condena por estafa y concierto para delinquir contra la exdiputada, su esposo y yerno, representa una luz de esperanza para las más de 400 familias que invirtieron su patrimonio en la compra de esos apartamentos porque ahora sí podrán acceder a la reparación económica.
El representante de las víctimas, abogado Jhon Jairo Morales Martínez, explicó que tras esta decisión se puede proceder a la reparación colectiva ante la justicia administrativa.
"Ya pueden iniciar el proceso de reparación integral porque ya era la segunda instancia ordinaria que impedía que las víctimas accedieran a la reparación. Una vez confirmada la condena, las familias pueden iniciar el proceso de reparación", aseguró el jurista.
Según el abogado, por un error de la Fiscalía al no poder comprobar que tanto Ángela María Cano, como su esposo Gabriel Jaime Velásquez y el yerno Carlos Andrés Moreno, incurrieron en gestión indebida de recursos sociales, los magistrados tuvieron que absolverlos por ese delito, lo que redujo la pena de 18 a 11 años.
Actualmente, Cano Vargas purga su condena en la cárcel de El Pedregal.
En contexto: La diputada Ángela María Cano, no renunciará debido a una situación económica
La Fiscalía también pudo demostrar que son 400 y no 240 familias las que fueron víctimas de Corvida, la empresa encargada de los proyectos San Miguel y Santa Marta y que es propiedad de los tres condenados.
¿Qué dijo el Gobierno?
Al destaparse el escándalo después de tres años, el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, aseguró que su cartera había denunciado a la diputada de la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano, por urbanización ilegal y estafa agravada en el departamento.
"Hubo proyectos en más de diez municipios en donde hacía que las personas compraran los lotes y ella al final se quedaba con los predios. Era una pirámide que llevaba más de dos años en este 'modus operandi'. Las familias además, tenían que votar por ella y así llegó a ser diputada", dijo Luis Felipe Henao a principios de 2015.
