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Tras el reciente escándalo que sacudió al general del Ejército, Juan Miguel Huertas y al Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), por la presunta infiltración de las disidencias de las Farc de alias 'Calarcá', el abogado David Cote Rodríguez radicó quejas disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro, la fiscal general Luz Adriana Camargo, la vicepresidenta Francia Márquez y otros altos funcionarios del Estado.
Las solicitudes fueron presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se investigue su posible responsabilidad en presuntos acuerdos irregulares con disidencias armadas.
Las quejas apuntan a que los funcionarios mencionados podrían haber incurrido en la falta gravísima contemplada en el numeral 3 del artículo 62 del Código General Disciplinario, relacionada con colaborar o facilitar actividades de grupos armados ilegales.
Quejas disciplinarias por presuntos acuerdos con disidencias
En los documentos radicados, el abogado citó algunas revelaciones periodísticas como soporte probatorio. Agregó que el material divulgado mostraría la existencia de una presunta red de comunicaciones, acuerdos y coordinaciones entre las disidencias de alias “Calarcá” y funcionarios estatales en roles estratégicos.
En primer lugar, se señala la posible creación de estructuras fachada destinadas a legitimar actividades ilícitas. En ese sentido, se habrían adelantado gestiones para conformar una empresa de seguridad que permitiría a las disidencias movilizar personal, armas y equipos con apariencia de legalidad, evitando controles oficiales.
Otro punto corresponde a la supuesta entrega de información y recursos reservados del Estado, incluidos accesos a frecuencias radiales del Ejército, líneas de comunicación privadas y datos sensibles. Estos elementos habrían facilitado pactos de no agresión y coordinaciones de movimientos entre bandas criminales y miembros de la fuerza pública.
Las quejas también incluyen señalamientos sobre acuerdos políticos y presunta participación de altos funcionarios. En comunicaciones halladas tras la captura de alias “Calarcá” se mencionan posibles acercamientos previos a la campaña presidencial y la intervención de la vicepresidenta Francia Márquez como enlace en algunos contactos.
El documento cuestiona además la actuación de la Fiscalía General de la Nación, indicando que la fiscal Luz Adriana Camargo habría tenido conocimiento de estos hechos desde 2024 sin abrir investigaciones oportunas.
Entre los puntos señalados figura la liberación de personas vinculadas con alias “Calarcá” bajo la figura de gestores de paz.
Señalamientos contra altos funcionarios y solicitudes de investigación
Las quejas disciplinarias que presentó el abogado describen responsabilidades individuales para cada funcionario mencionado, desde presunta omisión hasta participación directa en acuerdos o entregas de recursos. David Cote solicitó que las entidades actúen con rigor, salvaguarden las pruebas y determinen si existió responsabilidad.
“El país merece claridad y garantías de que la ley se aplica por igual a todos los funcionarios”, concluye el documento, que advierte que, de comprobarse, los hechos constituirían uno de los episodios más graves de infiltración y colusión entre estructuras ilegales y agentes del Estado.
