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Agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía emprendieron labores de verificación y análisis a los computadores, teléfonos, discos duros, memorias y otros dispositivos electrónicos que fueron incautados en el retén militar del 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), a una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, en la que transitaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
Esta diligencia hace parte de la práctica de pruebas que ordenó el nuevo grupo especial de fiscales que fue integrado para impulsar las investigaciones relacionadas con el escándalo de los archivos de alias Calarcá y las presuntas infiltraciones de las disidencias de Las Farc al Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia e incluso financiación de la campaña a la presidencia.
Este equipo especial lleva a cabo un trabajo conjunto entre fiscales de la Unidad delegada ante la Corte Suprema de justicia y la Unidad delegada contra el Crimen Organizado, ante la información de la mayor gravedad de los elementos encontrados en los dispositivos electrónicos que hace año y cuatro meses le decomisaron a alias Calarcá.
En desarrollo de estas diligencias los fiscales también indagan las amenazas a la seguridad nacional, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
Tras una compulsa de copias remitida la Unidad delegada ante la Corte Suprema, se investiga la conducta del general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del comando personal (Coper), quien se encuentra en el centro de la controversia por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc, luego de que su nombre apareciera en los archivos secretos de supuestos miembros de la estructura de alias Calarcá.
De igual, forma se indagan entre otros funcionarios, la posible responsabilidad del director de Inteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía.
Ambos funcionarios aparecen referenciados en distintas comunicaciones internas detectadas a las disidencias de las Farc como presuntos facilitadores de contactos, movilidad y proyectos para crear una empresa de seguridad con la cual esa estructura armada buscaba amparar armas, hombres y vehículos blindados.
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