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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a 15 militares adscritos al Batallón de Alta Montaña Nº 3 por su responsabilidad en la muerte de por lo menos 10 policías y un civil en la denominada masacre de Jamundí, Valle en el año 2006.
Según la Procuraduría, los militares no actuaron en cumplimiento de su deber y por el contrario atacaron a los policías que iban pasando por la zona sin ninguna discriminación, evidenciando que no se presentó algún combate como lo había advertido.
Para la Procuraduría los militares, "atacaron mortalmente -desde distintos flancos y sin ser vistos- a los integrantes del grupo COMCA, razón por la que no se satisface la condición positiva de la legítima defensa".
De igual forma, la Procuraduría advirtió que no hubo evidencia de que los militares actuaron en legítima defensa por un presunto enfrentamiento, porque los miembros del Ejército Nacional emboscaron a los miembros del grupo COMCA, quienes dispararon sus fusiles "tratando de salvar sus vidas pero no lo lograron; hecho que se evidenció con la posición en que quedaron los cadáveres dentro de la cuneta y detrás de los vehículos, acreditada por la prueba documental fotográfica, entre otras".
Tras el análisis de las pruebas, la Procuraduría indicó que la conducta de los uniformados del Ejército fue calificada como gravísima a título de dolo porque éstos actuaron de manera consciente y voluntaria.
Los afectados con la decisión disciplinaria son el teniente coronel Bayron Gabriel Carvajal Osorio; teniente Harrison Eladio Castro Aponte; cabo segundo José Aurelio Palacios Mosquera, sargento viceprimero Jaime Humberto Montenegro Castañeda; cabo tercero Élver Jesús Osorio González y a los soldados Pablo Emilio Riaño Caleño, José Alfredo Porras Mantilla, Mauricio Arcángel Ramírez Gallego, José Geiner Peñaranda Díaz, Carlos Fernando Erazo Riascos, Julián Andrés Pomeo Moren, Wilson Rafael Bohórquez Pineda, Nelson Enrique David Posso, Luis Eduardo Carvajal Peralta y Julio César Rosero Mestizo.
