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LA F.m. conoció que la Fiscalía acaba de tomar las primeras decisiones por el llamado cartel de las empresas de seguridad privada y que, según las investigaciones, habría logrado apropiarse de manera irregular de contratos por más de 60 mil millones de pesos con diferentes entidades del Estado.
La Fiscalía abrió investigación formal y le imputará cargos al considerado cerebro de la organización, el abogado Jorge Armando Moreno Ojeda. Junto a él también tendrán que responder Neftalí Sáenz Riaño, Nicolás Spaggiari Gallo, Orlando Barrios Giraldo y Victoria Eugenia Cardona Lenis.
La Fiscalía ya le solicitó a un juez audiencia para imputarles cargos a estas personas porque habrían incurrido en el delito de acuerdos restrictivos de la competencia. La investigación surgió en abril del 2013, por la presunta existencia de un cartel de contratación irregular conformado por un grupo de empresas de vigilancia de seguridad privada, quienes al parecer se pusieron de acuerdo para participar en distintos procesos contractuales públicos durante los años 2011 y 2012 para controlar la adjudicación de contratos de vigilancia privada para entidades públicas.
Dice la Fiscalía que entre las empresas involucradas están Cobasec, Starcoop Ltda, Guardianes Compañía líder en Seguridad LTDA, expertos en seguridad LTDA, Centinel en seguridad LTDA y Vigilancia El Vigía LTDA, principalmente.
Según las investigaciones, las empresas participaban en licitaciones para prestar servicios de seguridad con vehículos y personas. El negocio, dicen los investigadores, funcionaba cuando algunos conocidos y amigos creaban una empresa y cada uno de sus integrantes montaba a la vez, otra empresa, de esta manera, al momento de la millonaria licitación con el estado, cada uno se presentaba por aparte y por ende si alguno ganaba el millonario contrato, pues ganaban todos, es decir, finalmente se los repartían. De acuerdo con la decisión, la Fiscalía considera lo siguiente.
La decisión se deriva de la actuación administrativa de la superintendencia, que le permitió evidenciar, que varias empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, aparentemente competidoras entre sí, habrían realizado acuerdos para asegurar que una de las empresas pertenecientes al grupo concertado, resultara beneficiada en los procesos licitatorios en los que participaban, afectando con ello a los oferentes que no hacían parte del acuerdo y también al estado, que por tal motivo veía incrementado los precios de los servicios contratados, generando así un desequilibrio en el gasto público.
Por estos mismos hechos la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra 8 de estas empresas que, según el organismo, se cartelizaron en 252 contrataciones públicas.
La Fiscalía dice que en tan solo uno de los casos se logró evidencias que dos de estas firmas, Starcoop y guardianes, presuntamente trabajaron de la mano para lograr un contrato de vigilancia del instituto de bienestar familiar por 4.300 millones de pesos. Este llamado cartel habría logrado millonarios contratos en la propia Fiscalía, la Contraloría, los ministerios de Trabajo, Hacienda y Comercio, además de 13 gobernaciones y 37 alcaldías.
Entre las pruebas, la Fiscalía cuenta con los testimonios de varias personas que habrían participado en este llamado cartel, pero que terminaron colaborando con las autoridades. Uno de los testigos señala a moreno como el ´arquitecto´ de toda la operación irregular, prueba de ello dice es la existencia de algunos correos electrónicos donde ´imparte instrucciones a distintas empresas´. Es más, la Fiscalía tiene información, que en algunos casos, las empresas estaban constituidas por miembros de una misma familia. Estas personas y otras cercanas también están en la mira de las autoridades.
La Fiscalía considera que esta es la primera fase de imputaciones por este caso, porque son por lo menos 16 personas, las que están involucradas en el llamado cartel de las empresas de vigilancia privada.
