La FM en Google News
La Procuraduría General de la Nación recomendó suspender provisionalmente la licitación para la adjudicación de un millonario contrato que tiene como objetivo la compra de medicamentos para las Fuerzas Militares.
En la solicitud dirigida al general Javier Alonso Díaz Gómez, director general de Sanidad Militar, se manifiesta que se deben aclarar varios aspectos de este proceso licitatorio.
Lea además: Escándalo en el Ejército: contratos por más de $3.200 millones enredan a general (r) Romero
La entidad considera que la licitación para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos, por un valor cercano a los 387 mil millones de pesos, presenta un incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.
La Procuraduría manifestó que al hacer una revisión del pliego de condiciones del contrato se pudo evidenciar que “se abre la puerta” al pago de medicamentos por un valor superior a los “precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos”.
El órgano de control disciplinario citó la Circular 07 de 2018 de la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos que indica que los regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.
Le puede interesar: Entrada gratis de militares a Transmilenio, rechazada por la Alcaldía de Bogotá
Esto genera inmediatamente un sobrecosto en el contrato, afectando al mismo tiempo los recursos públicos de la seguridad social en salud con el que se financiaría el mismo.
En este punto se señala que la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva; y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado.
Igualmente, se cuestionó las condiciones de habilitación y calificación que no cuentan con los estudios previos, además del pago de facturas sin auditoría médica que le generarían una “liquidez” al contratista.
-1200x675.jpg)
