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En enero, un juez especializado de Bogotá definirá si avala o no los preacuerdos firmados por los empresarios Gabriel Dumar, Federico Gaviria y Gustavo Torres con la Fiscalía General dentro del proceso que se les adelanta por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht.
En las negociaciones se fijaron unas penas que van entre los cuatro y los seis años de prisión por su aceptación en los delitos imputados y un compromiso para colaborar con las autoridades judiciales dentro de las investigaciones por el ingreso de los sobornos de la multinacional brasileña.
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En la negociación se fijó una pena de 54 meses de prisión (cuatro años) para el empresario Gabriel Dumar, quien tendría que devolver 215 millones de pesos y adelantar un acto de perdón público a la sociedad por las afectaciones que generaron sus actos.
Mientras que el empresario Federico Gaviria pagaría 78 meses de prisión (seis años) y se convertiría en testigo de cargo de la Fiscalía dentro de las investigaciones y juicios penales por estos hechos de corrupción.
Igualmente tendría que pagar una multa de 83 salarios mínimos legales vigentes para reparar los daños y perjuicios que se presentaron por su actuar. La defensa de Gaviria (quien ya cumplió una condena por el 'carrusel de la contratación') buscaría que se le otorgara la detención en una guarnición militar por motivos de seguridad.
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En el caso de Gustavo Torres se establece una pena de 51 meses de prisión y una multa de 1.962 millones de pesos.
Los tres empresarios son procesados por haber ayudado al movimiento de grandes sumas de dinero las cuales fueron utilizadas por Odebrecht para pagar los sobornos a funcionarios públicos, dirigentes políticos y particulares para resultar beneficiados con la Ruta del Sol II y la adición de la vía Ocaña-Gamarra.
El ente investigador sostiene que Dumar, Gaviria y Torres fueron pieza fundamental en el lavado de activos de la multinacional para mover el dinero en el país mediante contratos ficticios y negocios que nunca existieron para evitar llamar la atención de las autoridades.
Igualmente coordinaron con un grupo de personas, ente ellos el exsenador Otro Bula (quien ya firmó un preacuerdo) con el fin de direccionar los sobornos y lograr que se avalarán las pretensiones de Odebrecht.
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La Procuraduría ya anunció su oposición al preacuerdo pactado al considerar que no se evaluaron las penas a imponer ni un compromiso para colaborar con las autoridades.
La Fiscalía General los acusó formalmente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
