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Casi cuatro meses después de la demanda que la Procuraduría General de la Nación presentó para anular el convenio internacional que la Cancillería colombiana, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa firmaron para expedir pasaportes, el ente de control le pone la lupa a otro contrato.
La Cancillería firmó su cuarto convenio con la Imprenta para la elaboración de las libretas. El instrumento compromete más de 185,37 mil millones de pesos, y apareció en el sistema digital de contratación pública, el Secop, el 29 de enero, dos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
El Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió con la Imprenta un acuerdo marco interadministrativo el año pasado, uno específico en julio —que responsabiliza a la Imprenta para personalizar y distribuir los pasaportes hasta 2034— y uno internacional con la Casa de la Moneda de Portugal.
Las sumas pactadas llegan hasta los 1,49 billones de pesos. La Procuraduría aseguró que le "inquieta" la ejecución del arreglo de este año, que va hasta el 31 de diciembre pero no tiene fecha de inicio, y prometió vigilar el negocio a partir de "acciones preventivas" e investigaciones disciplinarias.
"El Ministerio Público abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso", subrayó en un comunicado.
En diciembre de 2025, la Procuraduría le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca imponer una medida cautelar que suspenda los giros que el Estado colombiano prometió pagarle a Portugal en medio del contrato internacional para fabricar los pasaportes.
Con un documento de ocho páginas, el procurador Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, añadió la solicitud a la demanda que el tribunal tramita para posiblemente tumbar el convenio que firmó la Imprenta Nacional con la Casa de la Moneda lusitana.
Un contrato controversial y una demanda estancada
El Ministerio Público demandó la alianza porque el Gobierno no adelantó una licitación pública para seleccionar al país europeo. Luego pidió que, mientras la justicia llega a una decisión de fondo, el Tribunal suspenda los pagos que el Ejecutivo acordó.
La Cancillería colombiana se comprometió, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, a desembolsar más de 1,3 billones de pesos, en medio de una "deficiente estructuración económica del convenio", aseveró el ente de control.
El tribunal no ha decidido sobre la cautela. El Fondo Rotatorio envió un recurso de reposición que cuestiona la competencia del ente judicial para revisar la demanda, porque el convenio dice que solo un tribunal de arbitramento internacional resuelve los desacuerdos entre las partes.
Actualmente, los pasaportes son responsabilidad de Thomas Greg & Sons, pese a los intentos del presidente Gustavo Petro y de sus exministros de Exteriores —Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia— de arrebatarle la labor a la multinacional.
La Cancillería declaró en agosto del año pasado, por segunda vez desde 2023, la urgencia manifiesta para extender las tareas de Thomas Greg hasta abril de 2026, mientras afina los detalles del convenio con Portugal, que está en jaque en el Tribunal Administrativo.
El Ministerio Público, por su parte, sancionó a Álvaro Leyva con diez años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Thomas Greg & Sons ha diseñado ininterrumpidamente las libretas desde 2007, y la administración de Petro ha fracasado en su intento de evitarlo.
Petro buscaba que Thomas Greg no fuese el único oferente para fabricar los pasaportes, lo que desencadenó varios líos jurídicos a partir de 2023. Leyva, entonces jefe de las relaciones internacionales, declaró desierta la licitación, y Thomas Greg demandó al Estado.
El embrollo de los pasaportes ha sacrificado a aliados de Petro
La Fiscalía espera que, además de las sanciones disciplinarias, el político conservador de 83 años enfrente consecuencias penales. El ente acusador le imputó prevaricato el 9 de diciembre por "proferir varios actos administrativos contrarios a derecho".
El conflicto por la fabricación de los pasaportes les ha costado el cargo a varios miembros del gabinete de la izquierda. La primera en salir fue Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.
Zamora se convirtió en una testigo clave contra Leyva en la Procuraduría. El excanciller la trató de forma irrespetuosa porque ella buscaba una conciliación que le evitara al Estado un pago millonario a Thomas Greg por el fin intempestivo de la licitación de los pasaportes.
Leyva fue el segundo. La Procuraduría lo suspendió mientras lo investigaba, y luego lo llamó al juicio con el que finalmente lo inhabilitó. El presidente Petro no lo defendió, así que más adelante el bogotano se convirtió en un acérrimo opositor.
En agosto de 2025, el Ministerio Público apartó a Alfredo Saade de su cargo de jefe de Despacho Presidencial. Petro lo conservaba en el puesto incluso un mes después de que Laura Sarabia renunciara a la Cancillería.
La Procuraduría revocó la suspensión de Saade en septiembre, pues ya no era un funcionario público. El ente de control sigue investigándolo por aparentes "conductas indebidas" para presionar la firma del convenio con la Casa de la Moneda de Portugal.
Sarabia dimitió del Ministerio de Exteriores en julio, luego de ser la mano derecha del presidente Petro. Ahora es embajadora en Reino Unido. Dejó su puesto en medio de confrontaciones con Saade por la adjudicación del contrato de los pasaportes.
