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El Consejo de Estado le solicitó a la Fiscalía y Procuraduría General darle celeridad a las investigaciones que adelanta por abuso de la fuerza por parte de agentes de la Fuerza Pública –principalmente el Esmad- en contra de las personas que participaron en las marchas del Paro Nacional que iniciaron el pasado 28 de abril.
Esto teniendo en cuenta la gran cantidad de denuncias y quejas presentadas por uso desproporcionado de la fuerza para controlar el orden público y el ataque constante a las personas que salieron a las calles a manifestar su indignación en contra de varias medidas del Gobierno, entre ellas la reforma tributaria.
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El alto tribunal, en su Sección Segunda, le conminó a los organismos judiciales adelantar las respectivas investigaciones penales y disciplinarias y emitir decisiones lo más pronto posible con el fin de que no prescriban “toda vez que las resultas de estos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que representa el país”.
“Conminar a la Procuraduría General y a la Fiscalía General, para que de manera célere prevalente y especial realicen las investigaciones penales por los posibles hechos delictivos y abuso de poder de los servidores públicos, acaecidos en el marco de las protestas”, señala la decisión en su resuelve.
Igualmente, pide que e aceleren las investigaciones por los posibles hechos delictivos en los que resultaron afectados los integrantes de la Policía y el Esmad en su integridad física, así como los bienes públicos y privados durante las diferentes protestas que se registraron en el territorio nacional.
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En el pronunciamiento se hizo en el marco del fallo que ordenó a la Policía Nacional iniciar un proceso de capacitación de los patrulleros, suboficiales y oficiales del Escuadrón Móvil Antidisturbios en temas de ética y derechos humanos, “en especial de los principios básicos sobre el uso de la fuerza, acciones preventivas, concomitantes y posteriores, empleo de armas y dispositivos menos letales, particularmente el lanza cohetes Venom”.
Esto con el fin que los agentes del Esmad actúen como agentes de paz y garanticen el derecho a la vida e integridad personal de los marchantes, evitando a toda costa el uso desproporcionado de la fuerza.
Esta decisión se emitió tras resolver una tutela presentada por una ciudadana que pidió proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libertad, la paz y la libre movilización que –en su concepto- se vieron afectados por los agentes de la Fuerza Pública.
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En el mismo pronunciamiento le hizo la invitación a los ciudadanos que participen en las marchas para que lo hagan de manera pacífica y “cumplan con el deber de denunciar aquellas conductas al margen de la ley realizadas por quienes ejecuten actos violentos que atenten contra los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos”.
