Otros 14 alcaldes locales de Bogotá, a interrogatorio por carrusel

Hasta el momento las alcaldesas locales de Usaquén Julieta Naranjo Luján, Bosa, Diana Calderón y exalcaldes locales como el de Mártires, Ernesto Rincón, Suba, Marisol Perilla, Kennedy, Jesús Antonio Mateus, y el alcalde de La Candelaria, Edilberto Guerrero, afrontan un proceso penal por esos hechos.

Dentro de las nuevas determinaciones, el ente acusador llamó a declaración a los representantes legales de por lo menos 16 fundaciones que, presuntamente, fueron contratadas a dedo, es decir en forma directa, entre los años 2012 y 2015 al parecer pasando por encima de lo estipulado por la ley en materia de contratación, ya que a partir de las indagaciones adelantadas por investigadores de la Fiscalía esas fundaciones serían de papel.

Las diligencias se llevaron a cabo en la fiscalía 222 Seccional adscrita al grupo Anticorrupcion de Bogotá, según confirmó a LA F.m. el propio fiscal de esa unidad Luis Carlos Reyes, quien a su vez cuestionó fuertemente esos convenios de asociación.

Detalló el fiscal que esas organizaciones como Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento Territorial Visión Local, Corporación Nacional para el Desarrollo Sostenible – Conades, Asociación de Hogares Sí a la Vida, Fundación Social Vive Colombia, Asociación de Discapacitados Físicos del sur Asodisfisur, Fundación Camino Verde ONG Social Cultural y Ambiental - Fundcave, entre otras que están en la mira de la Fiscalía, no tienen personal ni sede de actividad de operación, lo que fortalece más la hipótesis de la Fiscalía que señala que serían una fachada.

Sin embargo, según indicó el fiscal a LA F.m., en los próximos días serían llamados a interrogatorio los otros 14 alcaldes locales de la administración del exalcalde Petro, porque al parecer habrían cometido irregularidades en procesos de contratación.

Entre tanto, la Fiscalía estableció que ese escándalo de corrupción supera los 400 mil millones de pesos, dineros con los que según el fiscal del caso, Luis Carlos Reyes, se habrían construido por lo menos 40 colegios públicos en la capital del país o pavimentar la mayoría de las calles de Bogotá.

Por otro lado, LA F.m. tuvo acceso y tiene en su poder varios escritos de acusación que la Fiscalía radicó en el centro de servicios de los juzgados de paloquemao en contra de alcaldes locales por este escándalo de corrupción, en los que son formalmente llamados a juicio.

Uno de estos es el escrito en contra de la exalcaldesa de Usaquen, Julieta Naranjo, documento de 24 páginas en el que la Fiscalía plasma las pruebas que tiene en su contra para ponerlas de presente en la etapa de juicio ante un juez de la República.

Sobre presuntas irregularidades en tres convenios celebrados en su administración, uno por 62 millones de pesos que hace referencia a un contrato con una fundación para acciones pedagógicas de la Ronda Humedal Torca, el cual ya estaba contratado por el acueducto, y el otro de 39 millones de pesos para una carrera atlética en esa localidad

En ese documento en poder de LA F.m. se advierte: "el convenio contiene un valor de 39 millones de pesos, de los cuales el Fondo de Desarrollo aportará la suma de 30 millones de pesos y la entidad sin ánimo de lucro una partida de 9 millones 300 mil pesos. Se pacta una forma de pago. Situación que incumple con los requerimientos legales contenidos en los Decretos Reglamentarios, así como, en las jurisprudencias que sobre el tema ha expuesto el Consejo de Estado. Además de lo anterior, analizando los documentos aportados por el ente privado, se observa un balance general al 31 de agosto de 2012, en los que figura un activo por 8 millones 100 mil pesos aproximadamente, recursos que no alcanzarían a cubrir el valor de los aportes a los que comprometía".

Y agrega el escrito de acusación: "con base en los hechos jurídicamente relevantes y honrando el principio de legalidad, este despacho eleva acusación por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales (...) contra la doctora Julieta naranjo Luján en calidad de autora".

La Fiscalía para este juicio utilizará cerca de 90 pruebas documentales, 3 testimoniales y la declaración de dos peritos.

El otro escrito de acusación que tiene en su poder LA F.m., el cual radicó la Fiscalía en los juzgados de Paloquemao, es en contra del exalcalde de San Cristóbal, William Roberto Herrera; en ese documento el ente acusador revela cómo fueron utilizados los dineros públicos para actividades que no correspondían al plan de gobierno de esa alcaldía.

Inclusive, se detalla una declaración que rindió bajo juramento Leydi Lucia Largo Alvarado, una exfuncionaria de esa alcaldía: "anexé el documento que el alcalde local con su puño y letra escribía y determinaba con quién se suscribían los contratos, como prueba documental que él como ordenador del gasto siempre determinó la contratación, tal como lo he expuesto en repetidas ocasiones ante la Contraloria de Bogotá y quiero ratificarlo, en muchas ocasiones recomendé al ordenador del gasto de la alcaldía local de San Cristóbal, realizar los procedimientos pertinentes para una contratación objetiva y transparente, ajustarse a los procedimientos de ley, apreciaciones que nunca fueron tenidas en cuenta por él".

Además la fiscalía detectó que aprovechando su cargo adjudicó contratos a dedo a personas que inclusive hacen parte de su núcleo familiar para favorecerlos económicamente "se suscribieron con la designación a dedo y suscripción irregular de siete contratos a tres empresas de la familia Supelano Casallas-Betancourt Ortiz, de la esposa del alcalde, Fundacion la Vid, Corporación Social Colombia ONG Sesamco, por un valor de 890 millones 93 mil 500 pesos en donde aparecen vinculadas entre otras personas el propio alcalde de esa localidad, un hermano, un primo y dos hijos de Adriana Betancourt, esposa del mandatario local, hechos que se evidencian en el certificado de existencia y representación legal de dichas empresas expedido por la Cámara de Comercio".

Sobre los hechos, la Fiscalía en los escritos de acusación que conoció LA F.m. pidió que sean condenados a una pena de hasta 20 años de prisión, según señaló el fiscal 222 Luis Carlos Reyes.

La Fiscalía espera que en los próximos días dé inicio las respectivas audiencias preparatorias en contra de esos alcaldes locales en los juzgados de Paloquemao para poner de presente el paquete probatorio que tiene en contra de los exfuncionarios y cuyo expediente conoció LA F.m.