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Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La decisión fue adoptada en el marco del antiguo sistema penal de la ley 600, tras valorar los elementos de prueba recolectados por parte de los agentes de policía judicial en el marco del proceso.
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“En el curso de las investigaciones se constató que el exoficial constituyó un patrimonio de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009”, señalaron los fiscales a cargo del caso.
De acuerdo con los investigadores en relación con este caso, fueron clave los testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales fueron previamente verificados.
Estos testigos permitieron conocer que la organización criminal dedicada a actividades del narcotráfico conocida como ‘La Oficina’ y cabecillas de las extintas autodefensas, supuestamente, le pagaron al general Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras delincuenciales y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.
Los fiscales a cargo del proceso por estos favores ilícitos, el general en retiro habría recibido en su momento más de 1.700 millones de pesos.
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La Fiscalía General también destacó que los bienes del exoficial, su núcleo familiar y sus empresas, fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
El general en retiro Mauricio Santoyo regresó al país en abril de 2019, luego de pagar una condena en estados Unidos, donde confesó haber apoyado a los grupos paramilitares entre los años de 2001 a 2008.
El informe de antecedentes judiciales señala que desde ese entonces el general retirado permanece privado de la libertad por disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que lo vinculó a un proceso por desaparición forzada y otros delitos.
