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En medio de la lluvia de denuncias y demandas contra el denominado 'decretazo' del gobierno Petro, la Fundación Para el Estado de Derecho presentó también un recursos legal contra esta iniciativa.
La Fundación Para el Estado de Derecho radicó dicha denuncia ante el Consejo de Estado, en contra del Decreto 639 del 11 de junio de 2025, "por el cual se convoca una consulta popular nacional", expedido por el presidente Gustavo Petro y sus ministros del Despachos.
La Fundación Para el Estado de Derecho señala que "el Gobierno usa la consulta popular como una forma de extorsión política que presiona al Congreso, tensiona la justicia y desfigura los mecanismos democráticos de participación".
La entidad también se ha referido a que este decreto constituye una ruptura grave del orden nacional, no solo porque se hará sin la autorización del Congreso de la República, sino porque está fuera del marco legal y democrático.
Sin embargo, hay que recordar que la Fundación Para el Estado de Derecho venía advirtiendo ya en varios comunicados su negativa frente a la firma de este decreto que se dio el pasado 11 de junio en horas de la tarde por el presidente Gustavo Petro.
Esta fundación también ha mencionado que convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes. Las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el Presidente.
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"Las reglas del procedimiento legislativo y los controles mutuos que ejercen las distintas ramas del Poder Público pueden parecer simples formalidades. Contrario a eso, su importancia es central para evitar que un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario", añadió la Fundación para el Estado de Derecho.
