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El exsenador Musa Beaile Fayad empezó a declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del proceso que se le adelanta por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El dirigente político, oriundo de Sahagún (Córdoba), reconoció haber apoyado las pretensiones de los paramilitares en el Congreso de la República omitiendo su participación en debates cruciales.
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Besaile indicó que en tres oportunidades se reunió con el entonces comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2001 y 2002, para recibir su aval a la campaña con miras a la Cámara de Representantes.
El aval tenía como condición que no interfiriera en las iniciativas legislativas que se tramitaban a favor del proyecto político paramilitar en en Congreso.
El dirigente político fue elegido y cumplió los compromisos pactados, ausentándose en la votaciones de la Ley 783 de 2002 que fijaba el marco jurídico de las negociaciones con los paramilitares; la Ley 975 de 2006 (Justicia y Paz) y la Ley 1424 de 2010 que fijaba beneficios políticos para los desmovilizados que contribuyeran a la verdad y no tuvieran relación con graves crímenes en el conflicto.
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De esta forma, Besaile reconoció formalmente su relación con este grupo armado ilegal. En mayo de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de concierto para delinquir agravado.
El exsenador reconoció que en el marco de su proceso ante el alto tribunal le ordenó al abogado Alejandro Lyons Muskus que contactara a los exjefes paramilitares y les ofreciera dinero para que no declararan en su contra o cambiaran su versión.
En su extensa declaración, Besaile manifestó que en las elecciones de 2003 el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso avaló las candidaturas de Juan Carlos Aldana y Libardo López Cabrales a la Gobernación de Córdoba.
Como contraprestación, Mancuso recibió puestos para sus allegados en la Gobernación y el Congreso de la República.
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La JEP le dijo que debe seguir con su activa colaboración ante las autoridades. De no hacerlo, perdería todos los beneficios fijados en esta justicia especial.
"De faltar a la verdad conllevaría a la apertura de investigaciones y/o procesos penales en la justicia ordinaria y, además, a posibilidad de perder el sometimiento y otros beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz", precisó el tribunal en un comunicado.
Igualmente, le señaló que tiene la obligación de denunciar y colaborar con la justicia frente a terceros y ajenos al conflicto armando interno.
En los próximos días el exsenador deberá presentarse nuevamente para que declare por hechos relacionados con el denominado 'cartel de la toga'.
