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Martha Peralta permanece detenida. Y lo seguirá, al menos hasta que la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, termine la indagatoria con la que busca desenredar el presunto rol que tuvo en el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Para la defensa de la congresista, el trato de la togada es desproporcionado. El 18 de junio, Lombana ordenó detener a la senadora del Pacto Histórico, quien pasó la noche en su casa, vigilada por la Policía. Doce horas después regresó al despacho de la magistrada, en la sede de la Sala Especial. Una decena de uniformados la llevó.
Un vehículo se movilizó al frente de la camioneta de la senadora y otro viajó detrás. Pasadas las ocho de la mañana de este viernes, 19 de junio, los escoltas y los policías abrieron la puerta por la que Peralta, abordada por la prensa, bajó, con vestimenta típica indígena. Se resistió a dar declaraciones, contrario al día anterior.
“Demasiado excesivo”, refunfuñó la parlamentaria en un tono casi inaudible. La indagatoria empezó el 18 de junio, en medio de una trama que combinó una conducción de la Policía que Peralta evadió cuando los agentes la buscaban en su casa, cuatro horas de tensión y un supuesto riesgo de no comparecencia.
Henry Montes, el abogado defensor de Peralta, radicó un hábeas corpus, un recurso jurídico que busca la liberación inmediata de una persona que haya sido privada de la libertad injustamente. Al ser un mecanismo que defiende derechos fundamentales, la Juez 21 de Familia de Bogotá, donde aterrizó, debe resolverlo en cuestión de horas.
Montes es el artífice de las solicitudes de aplazamiento que Lombana interpretó como ganas de Peralta de no presentarse a la indagatoria. Según argumentó a la salida de la segunda parte de la diligencia, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, testigos estrella, entregaron varias declaraciones.
Peralta y su defensa no conocen “el alcance” de los testimonios, afirmó Montes. “Para poder participar de una indagatoria, que es un medio de defensa, debe conocer la totalidad del material probatorio que reposa en el expediente”, alegó antes de acompañar a su clienta a la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá.
El hábeas corpus, la defensa y la disputa por la indagatoria
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol mantendrá detenida a la senadora, que luego pasará su segunda tarde consecutiva delante de Lombana, a quien espera recusar. La magistrada “asumió” que las intenciones de reprogramación para conocer los testimonios de Pinilla y Olmedo significaban que Peralta “no se iba a presentar”.
Al finalizar la diligencia de indagatoria, la magistrada Cristina Lombana —quien se opone al hábeas corpus— y la Sala de Instrucción deberán definir la situación jurídica de Martha Peralta. Las opciones son una medida de aseguramiento y una acusación, una acusación —que implica un llamado a juicio— en libertad o un archivo del expediente, que es improbable.
En todo caso, el periodo de la exjueza militar en la Sala Especial terminará en octubre. Martha Peralta seguirá en el congreso. En la víspera, la senadora tuvo que acudir al paraninfo tras un fallido aplazamiento. La corporación que hace las veces de fiscalía para aforados abrió una investigación formal contra la congresista indígena.
Todo comenzó con Olmedo López, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó un preacuerdo con la Fiscalía. Sostiene que Peralta le pidió torcer un contrato de 2,21 mil millones de pesos para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba quedarse con un proyecto de maquinaria amarilla.
La Fiscalía, en abril de 2025, compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta. El ente acusador no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora. Según López, a quien una juez le derrumbó incluso el allanamiento a cargos por el mismo entramado de corrupción, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira.
Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez concretados los trámites secretariales, la Corte fijó la fecha en la que la parlamentaria debía acudir a la indagatoria, 18 de junio.
Olmedo López, los contratos en La Guajira y los tentáculos del caso de la UNGRD
Peralta y su defensa intentaron postergar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a la petición y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la parlamentaria guajira reelecta. Cuando los uniformados la buscaban en su lujosa casa en la capital, la senadora decidió ir por sus propios medios hasta la Corte.
“Confíen en mí”, expresó Peralta al llegar a la calle 72 de Bogotá, la sede de la Sala de Instrucción y de la de Primera Instancia. “Mi actuar siempre ha sido transparente, honesto, y eso es lo que voy a demostrar”, añadió. Acudió junto a su abogado. “Es que no es un juicio, es apenas la apertura de un proceso”, zanjó.
Olmedo López asegura que Peralta se reunió con él tres veces para pedirle contratos, con el argumento de que “eso la iba a ayudar mucho en su campaña en el territorio”. En las elecciones de Congreso de 2026, la senadora obtuvo más de sesenta mil votos y su partido, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), 88.2 mil.
La planilla de ingresos a la Unidad de Gestión del Riesgo, que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema, muestra que el 19 de septiembre de 2023 fue a la sede de la entidad con los Rizcala. Inversiones IRL, basada en Barranquilla y fundada en 2017, obtuvo un contrato para alquilar maquinaria de construcción un mes después del encuentro.
El convenio estaba destinado al mantenimiento de jagüeyes, pozos profundos de agua, un servicio esencial que presenta vastas falencias en La Guajira. La Corte citó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco a declarar bajo juramento. Hoy el caucano está privado de la libertad, también por el escándalo de la UNGRD.
“Todo esto ha sido una persecución política”, pretextó Peralta el jueves, antes de arrostrar a la magistrada Lombana. “Aquí voy a estar siempre, dando la cara y con la frente en alto”, agregó. Su versión es que lideró el trámite de varias reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, como la pensional, sin negociar con el Ejecutivo.
Las versiones de la senadora chocan con la red de implicados en el entramado
Hace seis meses, en la imputación a Velasco y su antiguo colega de Hacienda en la administración petrista, Ricardo Bonilla, la fiscal María Cristina Patiño mencionó a Peralta varias veces, argumentando que el excongresista liberal la contactó para impulsar iniciativas legislativas. Peralta cuestionó en su momento las afirmaciones.
“Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, indicó en un video que difundió en sus redes sociales.
Aseguró que la justicia no le había dado la oportunidad de defenderse. En la indagatoria, cuenta con su defensa y con un representante del Ministerio Público. Peralta, abogada de profesión, obtuvo poco más de la mitad de sus respaldos electorales en La Guajira, con 33 mil de los 42 mil votos del Mais en el departamento.
Entre 2023 y 2024, Martha Peralta fue presidenta de la Comisión Séptima, que aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro, que la Corte Constitucional mantiene en vilo por vicios de trámite. El jefe de Estado aseguró que el entonces presidente del Senado, Iván Name —expulsado de la Alianza Verde— dilató el avance de la iniciativa.
Name está preso y en juicio. En marzo, la Corte Suprema rechazó una nulidad que interpuso el expresidente de la Cámara Andrés Calle —del Partido Liberal, también detenido— y ratificó el juicio a la mesa directiva del Legislativo que habría recibido cuatro mil millones de pesos como soborno del Gobierno, según Sneyder Pinilla.
Una semana antes del anuncio de la investigación formal, Martha Peralta tuvo que acudir al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción, a rendir versión libre dentro de una de las líneas de investigación del complejo entramado: contratos que se habrían desviado del Instituto Nacional de Vías, Invías.
El mismo 6 de mayo, Rueda escuchó a la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Además de Olmedo López, las más de cincuenta horas de grabación que la justicia tiene de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Bonilla, son clave y han comprometido a dos veintenas de personas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué Martha Peralta pedirá la recusación de la magistrada Cristina Lombana?
La defensa de la senadora busca recusar a la magistrada Cristina Lombana por considerar que su actuación en la indagatoria dentro del caso UNGRD ha sido desproporcionada. El argumento central es que las decisiones adoptadas, incluida la orden de detención, afectan el derecho de defensa y podrían comprometer la imparcialidad del proceso.
¿Qué es el hábeas corpus presentado por la defensa de Martha Peralta?
El abogado Henry Montes radicó un hábeas corpus ante un juzgado de Bogotá, con el que solicita la liberación inmediata de la senadora al considerar que su privación de la libertad es injusta. El recurso debe resolverse en cuestión de horas y se fundamenta en presuntas vulneraciones a derechos fundamentales durante la indagatoria.
¿Por qué la magistrada Cristina Lombana ordenó la detención de la senadora Martha Peralta?
La magistrada Lombana ordenó la conducción de Peralta luego de una solicitud de aplazamiento que fue interpretada como una posible intención de no comparecer a la diligencia. La medida buscó garantizar su asistencia a la indagatoria dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
¿De qué se le acusa a Martha Peralta en el caso de la UNGRD?
La Corte Suprema investiga a la senadora por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio, a partir de los señalamientos de Olmedo López sobre un supuesto direccionamiento de contratos en la UNGRD. El expediente incluye visitas a la entidad, adjudicaciones posteriores y testimonios que la vinculan con el entramado contractual en La Guajira.
