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En un documento de 13 paginas conocido por La FM, el Consejo Superior de Política Criminal emitió concepto favorable con observaciones al proyecto de ley de sometimiento a bandas criminales que presentará en los próximos días el gobierno Petro en el Congreso.
“Lo primero a tener en cuenta es que la iniciativa legislativa bajo estudio se considera que carece de una robusta evidencia empírica, como criterio o lineamiento político criminal que debe cumplir la iniciativa, máxime cuando la propuesta conlleva un impacto serio y real en el sistema penitenciario y carcelario”, señala el documento inicialmente.
El documento cuenta con observaciones de fondo de parte del fiscal General, Francisco Barbosa y con el voto, ya anunciado negativo, de la procuradora, Margarita Cabello.
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Observaciones sobre la aplicación del principio de oportunidad
Frente a este punto especial el “Consejo Superior de Política Criminal evidencia la existencia de una falta de claridad respecto a la modalidad de aplicación del principio de oportunidad, toda vez que no son claros los efectos jurídicos ni el momento de aplicación del principio de oportunidad”.
¿A quién iría dirigido el proyecto?
El documento también plantea observaciones sobre el “universo poblacional específico al cual está dirigida la propuesta” de Ley de Sometimiento “pues no se tienen establecidas las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y, a la fecha, no se cuenta con resolución de la instancia de Alto Nivel del que habla el artículo 2 de la ley 2272 de 2022 sobre cuáles y cuántas son específicamente”.
El proyecto no prevé recursos o concepto del Ministerio de Hacienda
Otra observación a tener de presente es que se “evidencia que la iniciativa prevé la creación de cargos al interior de entidades como la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para poder cumplir con los propósitos del proyecto, lo que daría lugar a la necesidad de adición de recursos”.
En este punto, el documento señala que “cuando la iniciativa legislativa requiere de una adición o ampliación presupuestal, o tenga impacto fiscal”, se debe acompañar con concepto por parte del Ministerio de Hacienda.
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Derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición a las víctimas
Algunos miembros del Comité destacan que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y garantías de no repetición “no se hacen expresos o incluso se ven reducidos o limitados, por lo que se sugiere ampliar su participación en las etapas del proceso de sujeción a la ley”.
”Resulta necesario que la víctima pueda intervenir desde etapas tempranas del proceso y que, por ejemplo, sus observaciones puedan servir como insumo para la construcción de la imputación colectiva, tema del cual se abordará más adelante”, agrega el documento.
