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La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se mostró en desacuerdo con la modificación a la Ley de Garantías que se aprobó en el Congreso, mediante la expedición de la Ley de Presupuesto.
A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, la funcionaria pidió tumbar esa modificación bajo el argumento de que "viola la constitución política y el principio de frenos y contrapesos".
“Debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias (como lo es la Ley de Garantías Electorales), no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”, se lee en uno de los apartes del documento de la Procuraduría.
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El concepto de la Procuraduría se entregó en medio del estudio de una demanda que adelanta la Corte y que presentó el senador Roy Barreras, en el que señaló que la reforma tiene vicios de trámite por cuanto el Congreso no puede modificar un artículo de una ley estatutaria en una ley ordinaria.
En medio de ese estudio, la Corte Constitucional ha recibido varios conceptos como el de la Agencia Nacional de Contratación Pública 'Colombia Compra Eficiente' que aprueba esa modificación.
Cabe mencionar que lo que explica la agencia es que esa modificación “habilitó a los entes territoriales para suscribir convenios interadministrativos con la 2Nación”, en la ejecución de proyectos asociados a la Ley de Presupuesto del año 2022, solo pudieron ser celebrados, de manera directa, hasta el 29 de enero de 2022, fecha a partir de la cual empezó a regir la restricción”, de la Ley de Garantías.
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Por esa modificación, el abogado Augusto Ocampo presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas que votaron la modificación.
“La gravedad de esta conducta por sus efectos y la inminencia de un perjuicio irremediable en detrimento del ejercicio del derecho (…) la garantía fundamental de igualdad (…) impone asumir con diligencia el deber de investigar penalmente a los legisladores que pidieron incurrir”, dice la denuncia presentada por Ocampo.
Más adelante, dicha demanda señala que “la ‘jugadita que materializa la comisión de las conductas delictivas (…) se pide a la Corte Suprema de Justicia que como juez natural de quienes cuestionados votaron a favor de dejar sin efecto la ley de garantías”.
