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En junio, el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular con un decreto. El Congreso bloqueaba la reforma laboral, así que el Gobierno pretendió implementarla a través de doce preguntas. Fue un mecanismo de presión para el Legislativo, que finalmente aprobó la norma.
Cuando la plenaria del Senado avaló la iniciativa, el presidente derogó el acto administrativo. Mientras estuvo vigente, llegaron veinticuatro demandas en su contra a la Corte Constitucional. Un mes después, al alto tribunal arribó un magistrado nuevo: Héctor Alfonso Carvajal Londoño.
El Senado eligió a Carvajal en mayo. El amigo del presidente Petro, que años atrás fue su abogado y en junio de 2022 fue su puente con el expresidente Álvaro Uribe, se posesionó como togado ante el jefe de Estado en una ceremonia en la Casa de Nariño el 3 de julio.
Quince días después, Carvajal rechazó la veintena de demandas contra el Decreto 639 de 2025, el de la consulta popular. El despacho del jurista de 67 años había recibido las acciones de constitucionalidad el 7 de julio, luego de cuatro días del sorteo que lo puso al frente de los procesos.
Carvajal, como sustanciador, firmó un auto que en 68 páginas se esforzó por argumentar que la Corte Constitucional no tenía competencia para pronunciarse sobre el decreto, pues, al ser un acto administrativo, el deber le correspondía al Consejo de Estado.
"No existe norma expresa que le asigne la competencia a la Corte Constitucional para examinar la constitucionalidad del decreto de convocatoria para aprobar o improbar una consulta popular", sostuvo el magistrado tras resumir los alegatos de las demandas.
La controversia por el rechazo de Carvajal a casi treinta demandas
También se basó en que el mandatario suprimió el decreto. "Esta corporación no tiene competencia para analizar la constitucionalidad de normas derogadas", insistió, y añadió que "ninguna de las demandas explica de posibles efectos" que la normativa "se encuentre generando".
La Sala Plena analizó la decisión de Carvajal, sin él. Cuatro demandantes y dos entidades del Gobierno —el Ministerio de Justicia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)— presentaron recursos de súplica para que la Corte tomara una postura distinta.
El alto tribunal sacó de tajo al Ejecutivo de la discusión porque las súplicas solo proceden cuando las presentan los demandantes. Los otros cuatro recursos "proponen un cuestionamiento relevante" sobre "una actuación errada del magistrado sustanciador", planteó el plenario.
La Corte debatió en septiembre si Héctor Carvajal debía retomar el examen de las demandas, y llegó a la conclusión de que sí. En veintitrés páginas, un tercio de las que el bogotano utilizó para rechazar los escritos, la Corte narró que su razonamiento en julio estuvo a medias.
Para la Sala, no existía certeza sobre la falta de competencia del tribunal más poderoso del país, sino suspicacias que debieron resolverse entre los seis magistrados y las tres magistradas que conforman el pleno. Carvajal, en términos simples, se saltó la deliberación:
"Siempre que existan dudas sobre la competencia de la Corte Constitucional para conocer una demanda de inconstitucionalidad, deberá privilegiarse la admisión, de tal forma que sea la Sala Plena quien, en sentencia y luego de haberse surtido un debate público, dirima dicha cuestión".
El historial de derrotas de Héctor Carvajal en la Corte Constitucional
La Sala plasmó su perspectiva en un auto que apenas notificó el 4 de diciembre. No hubo salvamentos de voto, ni siquiera del magistrado Vladimir Fernández Andrade, el exsecretario jurídico de la Presidencia a quien Petro ternó en octubre de 2023.
El documento expresa que, precisamente porque el decreto está derogado y porque tanto al Consejo como a la Constitucional llegaron demandas, "se trata de un asunto complejo" que debería abordarse "luego de la participación de la ciudadanía" y del procurador general, Gregorio Eljach.
"Bajo esa perspectiva, no puede afirmarse, desde ahora, que la Corte sea manifiestamente incompetente", remató el alto tribunal, que revocó el auto de hace cinco meses de Carvajal y le remitió los cuatro expedientes contra el Decreto 639 que siguen vivos.
La Corte lanzó así un revés más para el especialista en derecho electoral que llegó a la cima de su carrera luego de haber sido conjuez del Consejo de Estado. El 24 de noviembre la Plena lo sacó de la discusión de la reforma pensional, que podría caerse en 2026.
Carvajal fue contratista de Colpensiones, la entidad que recibiría con la reforma todas las cotizaciones de las personas afiliadas al sistema pensional, y participó junto al Ministerio del Trabajo en la defensa de la norma en tres de los 85 expedientes de la Ley 2381 ante la Corte.
Su apoyo le jugó en contra, pues una recusación salió avante. No abandonó el caso sin protestar: dejó una carta en la que aseguró que Jorge Enrique Ibáñez, el ponente del proceso más adelantado contra la reforma, inventó "un procedimiento no establecido en la ley" para apartarlo.
