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Los líos judiciales de Juliana Guerrero, cercana al gobierno de Gustavo Petro y excandidata al Viceministerio de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, chocaron con puntos suspensivos este viernes, cuando la Fiscalía pensaba imputarla.
El ente acusador radicó el 9 de febrero una solicitud para anunciarle a Guerrero, en una audiencia ante un juzgado de garantías, que tenía pruebas suficientes para desencadenar un proceso penal por la falsedad de sus títulos universitarios.
Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, describió entonces que la joven cesarense enfrenta señalamientos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, por los diplomas que obtuvo de la Universidad San José.
Los juzgados de Paloquemao programaron la imputación para este 27 de febrero. Pero Guerrero no se presentó. Luis Carlos Gutiérrez, el exsecretario de la fundación universitaria que también iba a ser imputado, acudió sin un abogado defensor.
Así que el principal complejo judicial del país aplazó la audiencia. La togada Mirian Rodríguez, Juez 25 de Control de Garantías de Bogotá, escuchará los alegatos de la Fiscalía el 10 de marzo, cuando también le preguntará a Guerrero si acepta cargos.
La audiencia empezará a las nueve de la mañana del martes. La Fiscalía, además, pedirá una medida de aseguramiento para la representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar: la prisión domiciliaria de forma preventiva.
El caso es largo. La San José informó el 25 septiembre de 2025 que anulaba el título de Contaduría de Guerrero, y el Ejecutivo luego retiró su hoja de vida del portal de aspirantes de la Presidencia de la República.
Un diploma anulado e inconsistencias en el Sigep
La publicación del currículo en la página web de candidaturas es el último paso antes de un nombramiento en altos cargos estatales, como ministerios, viceministerios o agencias gubernamentales. El perfil de Juliana Guerrero rondó allí todo septiembre.
Guerrero se perfilaba como viceministra de Juventudes de la cartera que lideraba Juan Carlos Florián, quien con el aval del presidente Petro se libró de una suspensión provisional que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó.
Su postulación resultaba al menos llamativa desde la primera vez que apareció en la plataforma digital el 14 de agosto, pues no contaba en ese momento con un título profesional. Dos semanas después la Presidencia volvió a cargar su documentación.
Incluso sin un diploma, y con apenas veintitrés años, Juliana ya había sido secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Transparencia, y acreditaba una experiencia de seis años en cargos públicos.
Los documentos aparecieron en el Sigep —el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público— “sin el lleno de los requisitos legales”, explicó la fiscal Jaramillo. La investigación “ha acreditado” que no fue a clases ni hizo las pruebas Saber.
A la más protegida de las hermanas Guerrero le apareció un título en Contaduría que a partir de entonces ha sido objeto de pronunciamientos políticos, investigaciones administrativas y una decisión por parte de la universidad que lo otorgó, la San José.
La Fundación investigó internamente y comprobó que Guerrero no cumplió los requisitos legales para egresar. Principalmente, no presentó nunca el examen Saber Pro, y tampoco asistió a clases, y aun así era técnica y profesional en Contaduría.
Respaldo de Petro y antecedentes polémicos en el Gobierno
"En teoría, no me van a quitar el título", respondió la viceministra que no fue. "Debo cumplir el requisito que falta, que son las Saber Pro, y así saldar esa obligación", añadió, y sostuvo que luego de la prueba podrá "usar el título sin problema".
La San José responsabilizó de las irregularidades a Luis Carlos Gutiérrez, su exsecretario general, a quien destituyó en medio de su proceso interno y denunció en la Fiscalía. Gutiérrez aseguró en sus descargos que tenía un acuerdo con Guerrero.
Según el exdirectivo, su objetivo fue garantizarle a la cesarense "la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral" con el compromiso de que ella "cumpliría" con las pruebas de Estado, como cuenta el acta de una reunión.
El presidente Gustavo Petro ha respaldado a Guerrero —quien ha permanecido en el Ejecutivo de la mano del ministro Armando Benedetti—, describiéndola como una "joven rebelde" a quien no pueden "acusar de haberse robado un peso".
Los reproches a Guerrero nunca se han basado en robos de dinero, aunque sí salió de la cartera del Interior por un escándalo de presuntos usos indebidos de aeronaves de la Policía que usó con su hermana Verónica para viajar de Bogotá a Valledupar.
El Gobierno defiende que sus viajes se enmarcaron en una misión de la política de 'Paz Total' y en la protección que Juliana debía recibir luego de un atentado en su contra. La Procuraduría investiga si en realidad hubo motivos personales de por medio.
En noviembre de 2025, Guerrero tampoco se presentó a otra diligencia judicial: una conciliación en la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia de Juliana contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.
Disputa con Jennifer Pedraza y denuncias por diplomas falsos
Pedraza insinuó que la ausencia de Guerrero podría deberse a "todo lo que la opinión pública conoce" acerca de las irregularidades de su paso por la Fundación San José, e invitó a la integrante del consejo superior de la UPC a hablar ante la justicia.
"Esto no es un asunto personal", expresó la congresista al salir de la Sala de Instrucción. "Incluso, ella puede ser uno de los eslabones más débiles de esta cadena en la que hemos encontrado prácticas más sistemáticas", agregó junto a su abogado.
La representante instó a Guerrero a que "le diga a la justicia colombiana toda la verdad". "Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar a las últimas consecuencias", sentenció.
Guerrero denunció a Pedraza por calumnia y delitos informáticos porque la congresista expuso que no cumplía con los requisitos para ser viceministra de Juventud, un cargo en el que el gobierno de Petro la mantuvo como candidata por mes y medio.
Pedraza publicó en redes y medios que Guerrero no había hecho el examen académico estatal, y la cesarense le pidió a la Corte Suprema sancionar a la legisladora. El magistrado Héctor Alarcón abrió una investigación previa y citó a conciliar.
En principio, Guerrero pidió un aplazamiento por “un asunto de fuerza mayor” de su abogado. Alarcón lo desestimó porque en las conciliaciones importan las partes, no sus defensores. El magistrado decidirá qué sigue; Pedraza espera un archivo.
La parlamentaria reveló facturas de la Dian que probarían la venta de los títulos de Guerrero. Juliana habría hecho, después de julio de 2025, tres pagos que sumarían ocho millones de pesos para que la Fundación la graduara.
