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Para el juez del caso, la Fiscalía logró demostrar la presunta responsabilidad de los involucrados en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato, falsedad en documento público y fraude procesal.
Se trata de Fabián Ríos Cortés, director de la cárcel La Esperanza, en Guaduas; José Luis Rangel Nuñez asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio; Arismendy Barela Moreno, asesor jurídico del Inpec; Jefry Torres Torres, dragoneante de la cárcel de Guaduas; Alison Fabian Nandez, estudiante de derecho; Viviana Vega, abogada; Julio Alberto Preciado, comerciante; Blanca Ruth Salazar, asistente judicial.
"Los procesados se reunieron para determinar beneficios judiciales a peligrosos delincuentes del Meta y Cundinamarca para otorgar libertades condicionadas, casa por cárcel, y condenas irrisorias, entre otros beneficios", dijo el juez del caso.
En desarrollo de la misma audiencia, el juez 43 de garantías le otorgó libertad a Raúl Hernán Ardila, juez municipal. "No se infirió su participación en determinaciones que beneficiaran a los jefes de bandas criminales como el Ejército Popular del Pueblo, Erpac", afirmó el togado.
Finalmente, se espera que en los próximos días otro juez de Bogotá defina la situación jurídica de 11 funcionarios judiciales más, investigados por la gravedad de las conductas.
En desarrollo de las investigaciones, 22 funcionarios judiciales fueron detenidos, quienes responden ante dos jueces de la República por varios delitos relacionados con fraude y que fueron señalados por la Fiscalía.
