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El Consejo de Estado le hizo un fuerte llamado de atención a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los retrasos que se estarían presentando para resolver las solicitudes de libertad de las personas que se acogieron a esta justicia especial.
El alto tribunal señaló que existen peticiones de julio de 2018 que ni siquiera han sido repartidos entre los magistrados de la JEP, resaltando que este tipo de demoras afectan los derechos procesales de los postulados.
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En este punto evidenció que a la fecha hay por lo menos 6461 casos represados. "Aún están en trámite las solicitudes radicadas en julio del año pasado (...) con corte al 21 de enero los registros pendientes de reparto aumentaron en 6461 casos".
Frente a esto la JEP le explicó al Consejo de Estado que las demoras en el sistema radican en los precarios recursos técnicos y humanos que dispone la jurisdicción.
“La única funcionaria encargada del reparto manual de las solicitudes es la secretaría judicial de la JEP, quien además tiene otras funciones asignadas”, señala uno de los apartes de la respuesta enviada por esta jurisdicción especial.
A raíz de esta discusión, el Consejo de Estado dio un plazo de 10 días para que la Secretaría Ejecutiva de la JEP “gestione los recursos técnicos y humanos necesarios y elaboren un plan de acción concreto para superar el estado de represamiento actual en el reparto de los asuntos”.
Señala el máximo tribunal de lo contencioso administrativo dicho plan debe priorizar las solicitudes de libertad de las personas que se acogen a la jurisdicción especial; por su parte la Procuraduría también deberá hacer seguimiento a las acciones encaminadas a resolver la crisis.
El llamado de atención se dio al revisar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó el recurso de Habeas Corpus que interpuso Tito Barrios Fonseca quien se encuentra privado de su libertad desde noviembre de 2018 en cumplimiento de una condena en su contra por el delito de rebelión.
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