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Los magistrados correlatores del Subcaso Antioquia, en el Caso 08, Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, remitieron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el material probatorio que permite evaluar la posible apertura de un incidente de incumplimiento al general (r) Mauricio Santoyo, por no cumplir con sus compromisos del régimen de condicionalidad de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada sobre los hechos en los que habría estado involucrado.
Según los magistrados Parra y Salazar, determinaron que el alto oficial ha incumplido reiteradamente sus obligaciones al negarse a esclarecer la dimensión y el alcance de su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto, a pesar de que fue condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material y recursos a dicha organización terrorista.
“Santoyo ha evitado mencionar los actos concretos que llevaron a esa conducta delictiva, limitándose a señalar, de manera reiterada, que se trataba de una estrategia jurídica”, agregan que tampoco ha contribuido en el esclarecimiento de la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).
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Igualmente, los magistrados Pedro Díaz y Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, advirtieron que el compareciente no ha brindado información sobre la conformación y operación de estructuras paramilitares como el Bloque ‘Cacique Nutibara’ y el Bloque ‘Metro’, a pesar de que múltiples testimonios en la justicia ordinaria lo vinculan con estas organizaciones.
Además, el compareciente no ha esclarecido su posible relación con bandas criminales como ‘La Terraza’ y ‘La Oficina’ en Envigado (Antioquia), limitándose a negarla, pese a la existencia de pruebas y testimonios que documentan su participación en actividades ilegales, incluido el uso indebido de inteligencia estatal.
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Santoyo Velasco fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación como autor mediato de este crimen, calificado como de lesa humanidad. Además, según la JEP, no ha colaborado en el esclarecimiento de la grave situación de violencia y la incidencia criminal en Medellín (Antioquia), que derivó en múltiples crímenes, incluidos los de miembros de la fuerza pública, mientras ocupaba un alto cargo en la Dirección Nacional del Gaula.
El Caso 08 investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado
