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La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el recurso de reposición presentado por uno de los representantes de víctimas en el proceso que se adelanta contra el general (r) Mario Montoya Uribe.
El abogado Germán Romero de la organización DH Colombia solicitaba que se revisara la participación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el expediente que se adelanta contra el excomandante del Ejército Nacional en la justicia especial por los denominados "falsos positivos".
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Sin embargo, la Sala de Apelación indicó que en contra de este tipo de decisiones no se puede presentar ningún tipo de reposición como lo establece el artículo 14 de la ley 1923 de 2018, hecho por el cual denegaron las pretensiones del jurista en este expediente.
Con esta decisión se deja en firme el Auto 131 de 2019 por medio del cual se confirmó el sometimiento del general en retiro Mario Montoya Uribe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se formalizó en octubre de 2018.
En esa oportunidad se rechazaron los recursos presentados por los representantes de víctimas que pedían anular el sometimiento a la JEP del oficial en retiro al considerar que se presentó una violación a los derechos a las víctimas a la participación u acreditación dentro de este proceso.
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En este sentido consideraban que las familias de "falsos positivos" en diferentes regiones del país no podían tener reconocimiento ni acreditación en este caso, es decir no podían intervenir en las audiencias y en el desarrollo del proceso.
La JEP negó estás peticiones al considerar que la intervención de las víctimas es proporcional puesto que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, dicha actuación masiva de las víctimas podría obstruir el desenvolvimiento de una jurisdicción que en este caso es estrictamente temporal.
Consideran que la participación de las víctimas en este caso debe comenzar pero no agotarse, hecho por el cual el reconocimiento de las víctimas en este caso se adelantará en otras etapas procesales.
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Pese a su sometimiento ante la JEP el general Montoya ha manifestado en diferentes oportunidades que no tuvo ninguna participación o conocimiento en estas ejecuciones extrajudiciales, advirtiendo que quiere demostrar su inocencia.
Su defensa sostiene que el entonces comandante del Ejército no tenía todo el conocimiento de lo que hacían las brigadas y batallones menores, situación por la cual la responsabilidad recae únicamente en los diferentes comandantes de Brigada.
En el expediente se señala que el oficial dio directrices precisas para aumentar el número de bajas de integrantes de grupos subversivos y armados ilegales para demostrar resultados operaciones en el marco de la política de seguridad democrática.
