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La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las solicitudes de nulidad presentadas en la audiencia de sometimiento del excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya Uribe en octubre de 2018.
Por medio del Auto 131 de 2019, la Sección determinó confirmar el sometimiento del oficial en retiro en el caso 003 relacionado con las ejecuciones extrajudiciales de civiles para presentarlas como bajas en combate que se registraron en diferentes regiones del país.
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Con esta decisión, el expediente que existe contra el general en retiro pasará a la Sala de Reconocimiento de la JEP para que siga con el trámite establecido y se reconozcan a las víctimas dentro del mismo.
"Tampoco se accedió a revocar la remisión del expediente donde reposan algunas investigaciones de la justicia ordinaria por violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH presuntamente cometidas por el general (r) Montoya Uribe", precisa la decisión.
En el análisis jurídico, la Sección de Apelación no aceptó las peticiones presentadas por los representantes de las víctimas acreditadas en este caso que pedían que se anulara toda la actuación de sometimiento del excomandante del Ejército alegando la violación de los derechos de las víctimas a la participación y acreditación.
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"La Sección de Apelaciones negó todas las peticiones de los abogados y consideró en primer lugar, que la intervención a las víctimas en la JEP es proporcional. la Sección recordó tal y como lo ha establecido la Corte Constitucional que la actuación masiva de las víctimas podría obstruir el desenvolvimiento de una jurisdicción estrictamente temporal como es la JEP", señaló la justicia especial en un comunicado.
En este sentido agregó que en el caso del sometimiento del oficial en retiro "la participación de las víctimas debe comenzar, pero no agotarse (...) Esto quiere decir que el reconocimiento de las víctimas continuará en la JEP en otras etapas procesales".
Tras la firma del acta de sometimiento el general Montoya negó -por medio de su defensa- haber tenido participación y conocimiento en la práctica de los llamados "falsos positivos".
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En su momento, la Fiscalía sostuvo que existían elementos materiales de prueba que permitían inferir que el entonces comandante del Ejército había dado órdenes directas para aumentar el número de bajas con el fin de demostrar resultados operacionales durante la puesta en marcha de la política de seguridad democrática en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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