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El complejo esquema de la justicia transicional en Colombia, las decisiones judiciales adquieren un rostro humano cuando se traducen en el alivio de las víctimas y en la posibilidad real de reconstruir proyectos de vida asolados por la guerra.
Tras años de haber participado en el conflicto armado, más de mil comparecientes que no ostentaron roles de máximos responsables han comenzado a cerrar sus cuentas con la justicia.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la concesión de 1.030 renuncias a la persecución penal, a través de 43 resoluciones emitidas entre mayo de 2024 y agosto de 2026.
La alternativa jurídica tiene vocación de sentencia definitiva y extingue las acciones penales y disciplinarias, eliminando antecedentes para quienes no tuvieron un papel determinante en la planeación de los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad que mancharon de sangre al país hasta el Acuerdo de Paz de 2016.
Las cifras del avance muestran una composición diversa entre los beneficiarios de la ruta no sancionatoria, si bien la mayoría corresponde a la fuerza pública. El grupo más numeroso es el de 979 uniformados, el 95 % del total, seguido por el de 46 exintegrantes de las Farc, dos civiles colaboradores de la extinta guerrilla, dos agentes del Estado y un tercero civil.
No se trata de un beneficio gratuito o un perdón automático. La renuncia a la persecución penal exige el sometimiento riguroso a un régimen de condicionalidad estricto.
Verdad y reparación, las condiciones para mantener el beneficio
Cada compareciente está obligado a aportar verdad plena que supere lo esclarecido por los tribunales ordinarios, reconocer formalmente su responsabilidad individual, realizar medidas de reparación simbólica y garantizar de manera tajante la no repetición de las conductas delictivas.
De comprobarse algún incumplimiento, la medida se revoca de inmediato y los procesos retornan a la justicia ordinaria, a la Fiscalía General de la Nación o a la Justicia Penal Militar.
El impacto restaurativo del mecanismo se evidencia en la atención de 377 hechos delictivos que dejaron 643 víctimas directas. En medio del proceso dialógico, unos 950 familiares de las víctimas han asistido a audiencias públicas, encuentros de perdón y actos simbólicos para dignificar la memoria de sus seres queridos.
Adicionalmente, el aporte exhaustivo a la verdad ha facilitado la localización y entrega digna de diecisiete cuerpos de personas desaparecidas, con oenegés, como la Corporación Humanitaria Reencuentros —conformada por exguerrilleros de las antiguas Farc—, y junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Detrás del marco jurídico emergen testimonios de cambio personal. Un exmilitar involucrado en asesinatos falsamente presentados como bajas en combate en El Paujil, Caquetá, pidió perdón públicamente a los allegados de su víctima y se graduó como auxiliar de servicios farmacéuticos para atender su propio negocio local.
Otro antiguo soldado, impactado por el homicidio de una niña en una operación en la que participó, le asignó a su propia hija el nombre de la víctima, compuso canciones de reparación y cursa estudios de Comunicación Social y Periodismo para servir a su comunidad.
Los comparecientes convierten sus sanciones restaurativas en proyectos de vida
En Antioquia, Fabio Hernando Castiblanco Ríos, exprocesado por muertes falsamente presentadas como bajas en combate, lidera la Fundación Equipo Restaurador Sanando Heridas junto a otros exuniformados.
Ha afirmado que al llegar a la Comuna 13 de Medellín solo veía a "enemigos", mas su colectivo ha construido senderos peatonales, muros de contención y puentes en barrios vulnerables en Antioquia, sustituyendo el estigma del conflicto por el trabajo comunitario.
Asimismo, comparecientes como Daniel Fernando Estepa Becerra han asumido tareas de acompañamiento psicosocial y espiritual ad honorem en centros penitenciarios, tras afrontar el dolor de los familiares de sus víctimas y titularse en Administración de Empresas para reincorporarse al mercado laboral formal.
Pese a la trascendencia del hito institucional, la dimensión de los retos posteriores es considerable: quedan más de 8.000 situaciones jurídicas que resolver. El magistrado Mauricio García, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, precisó que los resultados actuales se deben a una estrategia de cerca de dos años, posterior a la depuración del sistema de justicia transicional.
La Sala podría cumplir en un "50 o 60 %" con el remanente de comparecientes que restan por obtener una resolución, y luego "entrará en juego un reto para todo el sistema como tal y para toda la magistratura", sostuvo el togado, tras una consulta de La FM.
"Estimamos que, en año y medio o dos años, los magistrados que hacen parte de la Sala de Amnistía", que entrega indultos a excombatientes de las Farc por conductas concretas pactadas en el Acuerdo de Paz, "y de la Sala de Reconocimiento", que diseña e investiga los macrocasos contra los máximos responsables, "entren a engrosar la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y ya no seamos solo seis magistrados los que estemos al tanto de todo esto, sino mínimo dieciocho", zanjó el magistrado.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué es la renuncia a la persecución penal que concedió la JEP a 1.030 comparecientes?
La renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica de la justicia transicional que extingue las acciones penales y disciplinarias y elimina los antecedentes de quienes no tuvieron un papel determinante en los crímenes más graves del conflicto armado. Entre mayo de 2024 y agosto de 2026, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concedió este beneficio a 1.030 comparecientes mediante 43 resoluciones.
¿Quiénes son los beneficiarios de la renuncia a la persecución penal de la JEP?
La mayoría de los beneficiarios son integrantes de la Fuerza Pública: 979 uniformados, equivalentes al 95 % del total. También recibieron la medida 46 exintegrantes de las Farc, dos civiles colaboradores de esa antigua guerrilla, dos agentes del Estado y un tercero civil. La medida no constituye un perdón automático, pues todos deben cumplir un estricto régimen de condicionalidad.
¿Qué deben hacer los comparecientes de la JEP para conservar el beneficio?
Quienes reciben la renuncia a la persecución penal deben aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad individual, cumplir medidas de reparación simbólica y garantizar la no repetición de las conductas. El mecanismo ya ha permitido atender 377 hechos que dejaron 643 víctimas directas y contribuyó a localizar y entregar dignamente 17 cuerpos de personas desaparecidas. Si un compareciente incumple las condiciones, la medida puede ser revocada y el proceso regresar a la justicia ordinaria, la Fiscalía o la Justicia Penal Militar.
¿Cuántos casos le faltan por resolver a la JEP y qué viene para la justicia transicional?
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas todavía tiene más de 8.000 situaciones por resolver. Su presidente, el magistrado Mauricio García, estima que podría avanzar entre 50 % y 60 % del remanente y anticipa que, en un año y medio o dos años, magistrados de las salas de Amnistía y de Reconocimiento podrían reforzar esta labor. La meta es ampliar de seis a por lo menos 18 magistrados la capacidad de respuesta de la Sala.
