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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Alejandro Ramelli, envió una carta al nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino González, en la que le pidió mantener y fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y la JEP para garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones restaurativas impuestas por la justicia transicional.
En el documento, Ramelli comenzó felicitando a Cancino por su nombramiento y destacó su trayectoria profesional y su talante democrático. Sin embargo, el eje central de la comunicación fue la necesidad de asegurar que las condenas impuestas por la JEP puedan ejecutarse de manera efectiva y no queden únicamente en el papel.
Sumado a eso, el magistrado recordó que las sanciones restaurativas previstas en el Acuerdo de Paz tienen una doble naturaleza: buscan reparar a las víctimas y, al mismo tiempo, implican una restricción efectiva de derechos para quienes fueron condenados.
El Gobierno tiene una responsabilidad clave
De acuerdo con la carta, aunque los jueces de la JEP son quienes investigan y sancionan, corresponde al Gobierno Nacional garantizar las condiciones necesarias para que esas condenas puedan cumplirse.
Esto implica, según el texto, contar con proyectos técnicamente viables, financiación, condiciones de seguridad, habitabilidad y aseguramiento, entre otros elementos.
En ese mismo sentido, Ramelli sostuvo que existe una corresponsabilidad entre la JEP y el Gobierno en la lucha contra la impunidad frente a crímenes internacionales. Mientras la Jurisdicción determina las sanciones, el Ejecutivo debe proporcionar las condiciones para hacerlas realidad.
La INSART, pieza central de la coordinación
En este punto aparece la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, conocida como INSART.
En ese norte, la carta explica que desde 2022 esta instancia ha realizado 10 sesiones ordinarias, tres extraordinarias y 110 reuniones de mesas técnicas.
Ese trabajo permitió identificar cerca de un centenar de proyectos de diferentes entidades y niveles de gobierno que podrían servir para desarrollar las sanciones restaurativas durante el periodo previsto, que puede llegar a ocho años.
Entre las iniciativas mencionadas están el desminado humanitario, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, planes integrales de memoria y espacios multipropósito para el pueblo Kankuamo.
Además, Ramelli destacó el acompañamiento de organismos como Naciones Unidas, la Procuraduría y la Contraloría.
La preocupación ante nuevas sentencias
La JEP prepara nuevas sentencias, por lo que su presidente considera indispensable mantener activa la INSART.
Ramelli advirtió que, sin proyectos restaurativos viables y sin coordinación entre las entidades, sería imposible hacer efectivas las condenas y podría ponerse en riesgo la definición de la situación jurídica de militares y antiguos integrantes de las FARC que ya fueron condenados o que están próximos a recibir sentencia.
También, según el magistrado, podría frustrarse el propósito restaurativo esperado por miles de víctimas y comunidades que han participado en el proceso de justicia transicional.
Por eso, el presidente de la JEP pidió al nuevo ministro de Justicia convocar cuanto antes una sesión ordinaria de la INSART para que los funcionarios del nuevo Gobierno conozcan los avances y los retos pendientes.
El llamado para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo
Ramelli también solicitó que el próximo Plan Nacional de Desarrollo mantenga este modelo de corresponsabilidad institucional y garantice la continuidad de la INSART.
La petición busca que la coordinación entre las instituciones no dependa de decisiones coyunturales, sino que quede incorporada dentro de la planeación del Estado.
El mensaje de la JEP al nuevo Gobierno es, en esencia, que las sanciones restaurativas requieren mucho más que una sentencia judicial: necesitan proyectos, recursos, coordinación institucional y seguimiento para que las condenas se traduzcan en acciones concretas de reparación para las víctimas y en un cumplimiento efectivo de las obligaciones impuestas por la justicia transicional.
Cuatro preguntas y respuestas
¿Qué le pidió Alejandro Ramelli al nuevo ministro de Justicia?
Le pidió mantener y fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, la JEP y la Unidad de Búsqueda, principalmente a través de la INSART, para garantizar que las sanciones restaurativas puedan ejecutarse.
¿Por qué el Gobierno tiene responsabilidad en las sanciones de la JEP?
Porque aunque la JEP es la encargada de investigar y sancionar, el Gobierno debe garantizar los proyectos, recursos, condiciones de seguridad, habitabilidad y demás elementos necesarios para que las condenas puedan cumplirse.
¿Qué es la INSART y qué ha hecho?
Es la Instancia de Articulación entre el Gobierno, la JEP y la Unidad de Búsqueda. Desde 2022 ha realizado 10 sesiones ordinarias, tres extraordinarias y 110 reuniones de mesas técnicas, además de identificar cerca de un centenar de proyectos potencialmente restaurativos.
¿Qué preocupa a la JEP ante las nuevas sentencias?
Que las condenas no puedan ejecutarse por falta de proyectos viables, financiación o coordinación institucional. La JEP advierte que esto podría afectar tanto la situación jurídica de los condenados como las expectativas de reparación de miles de víctimas.
