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La jueza 29 de control de garantías de Bogotá aseguró que la inspección técnica al cadáver de Javier Ordóñez que se efectuó sobre las 3:30 de la madrugada del pasado 9 de septiembre evidenció los fuertes golpes que recibió el hombre durante una hora y 40 minutos.
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“Se encontraron en varias partes del cuerpo, escoriaciones o sea lesiones en la piel, que se producen por la roce continúo de algo, abrasiones (lesiones causadas por traumatismos), laceraciones, heridas en tejidos blandos, hematomas; tenía signos de violencia según anotan los policías judiciales”, detalló la funcionaria judicial.
Agregó que los patrulleros detenidos por estos hechos habrían incurrido en una conducta violenta en contra de Ordóñez quien fue detenido cuando consumía bebidas alcohólicas en vía pública.
“Precisamente les imputan la tortura por esos tratos crueles e inhumanos que no eran necesarios, una vez que ya tenían reducido a Javier Humberto mientras que, un policía le tenía oprimida la cabeza y el cuello, el otro estaba con el taser, que produce la contracción de los músculos que impide que la persona se mueva, o sea lo tenían inmovilizado”.
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En su extensa intervención al resolver la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General indicó que los testimonios de Wilder Salazar, amigo de la víctima y dos guardas de seguridad que se encontraban en el momento en el que Ordóñez estaba siendo agredido lueron similares, por lo que se presume su veracidad.
“Después de que el señor estaba esposado de manos y pies, lo pusieron en posición fetal, estaba reducido (...) ¿por qué, le seguían pegando? cuando el gritaba que le dolía mucho que, por favor ya no más; a todas luces estos son tratos crueles e inhumanos, que le causaron intenso dolor", explicó.
La funcionaria judicial tuvo en cuenta el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal expuesto por la Fiscalía General en la diligencia de imputación de cargos.
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Otro de los aspectos que consideró la juez en su análisis jurídico fue el temor que manifestó Wilder Salazar (amigo de la víctima), frente a las amenazas que recibió luego que presentara la denuncia en contra de los integrantes de la Policía.
“Siente miedo, tiene temor, se siente amenazado porque los policías le dijeron que ya tenían los datos, siente que su vida corre peligro y los responsabiliza de lo que le pueda pasar (...), así lo dijo en esa declaración jurada que da el 13 de septiembre”, expresó.
En ese sentido agregó que “lo que narra Wilder es un desborde del poder que tiene un servidor de la Policía, que lo que tiene es que cuidar a los ciudadanos, que creen que ellos los cuidan (…), al parecer el procedimiento es totalmente adverso al debido proceso, por eso la juez y el Fiscal consideran que se puede inferir que posiblemente, la libertad de estos ciudadanos, ponga en peligro a Wilder”.
La juez aseguró que los derechos de Javier Ordóñez fueron vulnerados al haber sido torturado. “Son dos policías encima de un ciudadano que ya, está reducido, que ya no podía ni respirar, que no se podía mover, que pide que ya no le hagan nada más (…), – Wilder dice: que estaba inmóvil – y lo trataron con el menor respeto de la dignidad humana”.
Los dos patrulleros fueron enviados a una cárcel de Facatativá (Cundinamarca). La Fiscalía General les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravada a los uniformados quienes se declararon inocentes.
