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Este lunes se conoció la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, frente a las interceptaciones de 71 días de llamadas del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, en una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
El Tribunal Superior de Bogotá resolvió en segunda instancia la legalidad de las interceptaciones al gobernador, mientras ejercía como alcalde de Rionegro, oriente de Antioquia.
“El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, con ponencia de la magistrada Yanet Liliana Martínez Palma, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que se adelanta contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, por presuntas irregularidades en contratos suscritos durante su gestión como alcalde de Rionegro”.
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La corporación aseguró que en segunda instancia fue revocada la decisión que había negado la legalidad de las ordenes de interceptación y en su lugar impartió control de legalidad a las comunicaciones y a los resultados obtenidos en medio de la investigación.
De acuerdo con la Sala Penal, la Fiscalía expuso de manera suficiente y concreta los motivos fundados que justificaron la medida, destacando que esta resultaba necesaria, útil y proporcional para avanzar en la indagación por las presuntas irregularidades en la contratación de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro.
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“La Sala precisó que las interceptaciones cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, pues se expidieron dentro de los plazos establecidos, respetando el debido proceso, la cadena de custodia y la finalidad investigativa, de manera que la afectación al derecho a la intimidad se estimó legitima frente al interés general en la lucha contra la corrupción”.
Finalmente, el documento expresa que la cancelación de las órdenes de interceptación al contar con informes definitivos en la investigación.
Sobre las interceptaciones, hay que indicar que, recientemente el gobernador indicó que se trataba más de una persecución ideológica y política, a las que calificó de “muy graves para la democracia”.
