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El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0116 de 2025, del ministerio de Ambiente, estableció medidas excepcionales en materia ambiental y de desarrollo sostenible en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar.
La norma responde a la declaratoria del Estado de Conmoción Interior y tiene como objetivo regular el aprovechamiento de los recursos naturales en la zona, garantizar su protección y facilitar el restablecimiento de las condiciones ecológicas, económicas y sociales.
Una de las disposiciones clave del decreto es la suspensión inmediata de todos los trámites ambientales en curso y la prohibición de otorgar nuevas licencias, permisos, concesiones o autorizaciones para proyectos en los municipios afectados.
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Sin embargo, el decreto señala que la restricción no aplicara a las iniciativas orientadas a la recuperación ambiental y social de la región, abatida por los fuertes combates entre grupos armados ilegales que operan en la zona.
El decreto establece que, una vez finalizado el Estado de Conmoción Interior, las autoridades ambientales tendrán un plazo de tres meses para evaluar las condiciones actuales de los ecosistemas y áreas protegidas.
Solo después de este análisis se reanudarán los trámites suspendidos, garantizando que cualquier actividad futura cumpla con los lineamientos ambientales.
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Para proyectos que busquen restablecer el orden ecológico y social de la región, el decreto contempla un procedimiento abreviado en la expedición de licencias y permisos.
Este proceso reducirá en un tercio los tiempos administrativos, sin comprometer los estándares de control ambiental. Además, las autoridades ambientales podrán apoyarse en información técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para agilizar la toma de decisiones.
Finalmente, el decreto establece que la norma, que entró en vigencia con su publicación, busca frenar el deterioro ambiental en la región y garantizar que, una vez superada la crisis, cualquier actividad económica o de infraestructura se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad.
