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Este jueves, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, expidió otro decreto, en el marco de la crisis por el recrudecimiento del conflicto en el norte del país.
Este se conoce a días de que el Ejecutivo declarara el estado de conmoción en el Catatumbo (Norte de Santander), el área metropolitana de Cúcuta y los municipios del Río de Oro y González. Estos últimos dos en el departamento de Cesar.
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Este decreto autoriza la prestación de los servicios de transporte público terrestre automotor de pasajeros “por carretera a las empresas habilitadas en esta modalidad (…) sin sujeción a las condiciones especificas sobre recorridos, frecuencias y horarios señaladas” por esa cartera.
Las empresas “deberán coordinar, con las autoridades militares o de policía, las condiciones de horarios; recorridos e infraestructura que ofrezcan las debidas condiciones de seguridad antes de los recorridos”, se lee en un aparte del decreto.
Esta normativa alude a que, por las condiciones económicas de la región en conflicto, la población depende del transporte público para poderse movilizar. MinTransporte aseguró haber identificado 88 rutas que tienen tanto origen como destino en las zonas que abarca el estado de conmoción y a 10 empresas de transporte que operan allí.
Respecto a Catatumbo, los municipios en cuestión son Ábrego; Convención; El Tarra; Hacari; La Playa de Belén; Ocaña; San Calixto; Sardinata; Teorama.
El artículo 2 de la normativa plasma que se avala “la prestación de los servicios de transporte público terrestre automotor mixto en el radio de acción nacional a las empresas habilitadas en la modalidad para la prestación del servicio que tengan como origen, destino o recorrido autorizado en los municipios señalados en el artículo precedente sin sujeción a los permisos o zonas de operación específicos”.
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Entre las consideraciones de dicho decreto se recuerda que el Gobierno decidió decretar la conmoción interior, ante el recrudecimiento del conflicto por confrontaciones (entre las disidencias de las Farc y el ELN).
También apunta a que “las condiciones de seguridad y convivencia pacífica en la región del Catatumbo trasciende el control militar y demanda la provisión de condiciones que coadyuven a la mejora en la condición de vida (…), garantizando adecuados niveles de funcionamiento, oportunidad y frecuencia en el servicio”.
