Germán Olano a juicio por corrupción en contratos de red hospitalaria de Bogotá

La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exrepresentante a la Cámara, German Olano, para que responda en juicio por los hechos de corrupción que rodearon las irregularidades en el contrato para la red hospitalaria de Bogotá.

Olano fue acusado como determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos y como autor del delito de concusión, por hechos relacionados con la presunta exigencia de dinero.

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Según las investigaciones, el exrepresentante habría aprovechado su condición de congresista entre el 2006 y 2010 para exigir 'coimas', con el fin de intermediar supuestamente en la asignación de tres proyectos de la red hospitalaria de Bogotá.

“De acuerdo con el material probatorio recogido en este proceso, para la Sala Especial de Instrucción es claro que el excongresista habría mantenido injerencia en temas burocráticos y de contratación del sector salud del Distrito, gracias a su poder político como legislador y al vínculo que tenía con el gerente de uno de estos hospitales”, destacó la Corte Suprema a través de un comunicado sobre esa decisión.

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Cabe mencionar que contra el exrepresentante ya pesa una condena de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, por hechos relacionados con el denominado ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.

La Sala especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la medida de aseguramiento contra Olano que se impuso el 8 de julio, cuando le ordenó presentarse el primer día hábil de cada mes en el consulado de Colombia en Miami, y una caución de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La condena contra Germán Olano por el denominado ‘carrusel’ de contratos en Bogotá se emitió por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, después de que aceptara que influyó en decisiones que se tomaron en la administración de Bogotá para que el grupo Nule obtuviera el contrato de la fase III de Transmilenio.

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En el 2013, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura para el excongresista ocasionándole la muerte política, con el fin de que no pudiese volver a ocupar cargos de elección popular.