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Luego de la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, inicia un proceso de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos para cumplir con los pedidos de extradición que hace ese país por delitos relacionados al narcotráfico.
El gobierno estadounidense debe enviar a la Corte Suprema, a través de la Cancillería, la petición formal de extradición.
La Corte hará un reparto del proceso y le corresponderá a un magistrado emitir una ponencia sobre el visto bueno o no de la extradición, que será debatida por la Sala Penal.
En ese proceso, la Corte solo revisará la documentación de extradición, es decir, el indictment o la acusación que envíe Estados Unidos, las pruebas, que el delito por el que se pide la persona sea delito en Colombia y se verifica la identificación de la persona pedida en extradición.
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La Corte condicionara la extradición de ‘Otoniel’ a que no se le aplique la pena muerte por el delito que cometió en el país extranjero.
El alto tribunal también podría advertir al presidente Iván Duque que ‘Otoniel’ tiene varios procesos pendientes en el país, por lo cual, la decisión se prorrogar su extradición estará a cargo de su despacho y no de la Corte Suprema de Justicia.
Fuentes de la Corte explicaron que la Procuraduría podría intervenir en el proceso pidiendo pruebas relacionadas con los requisitos de extradición, pero no con otros delitos que la persona hubiera podido cometer en el país.
De esta forma, se descarta que la Corte Suprema de Justicia tenga en cuenta las peticiones de varios defensores de Derechos Humanos que se oponen a la extradición con el fin de que ‘Otoniel’ responda por los delitos que cometió en el país y repare a sus víctimas.
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“Consideramos que esta persona no debe ser extraditada. Consideramos que esta persona debe responder por crímenes de lesa humanidad en Colombia que tienen que ver con masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales, hechos de violencia sexual que son mucho más graves que el narcotráfico”, dijo el abogado Alirio Uribe.
Uribe advirtió que la extradición por narcotráfico podría convertirse “en un mecanismo de impunidad, porque es posible que termine en una negociación de penas con las autoridades de Estados Unidos cambiándose la identidad y quedándose en ese país buscando a las víctimas en Colombia”.
