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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado por las presuntas irregularidades detectadas en la planeación, contratación y ejecución de un proyecto que tenia por objetivo la construcción de un colegio con énfasis agrícola en el municipio de Suaita.
La investigación permitió establecer que, en marzo de 2021, el entonces gobernador autorizó la compra por 551 millones de pesos del predio destinado para esta obra, pese a que presentaba condiciones que comprometían su viabilidad, como fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas por 30 años.
Los fiscales a cargo del caso revelaron que un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las dificultades del terreno.
Los investigadores establecieron que, posteriormente, Aguilar Hurtado delegó la firma del contrato, que fue suscrito el 7 de diciembre de 2022 por 15.280 millones de pesos.
“Los estudios y diseños estarían incompletos, no contemplaban las licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias”, señaló la Fiscalía.
Así mismo, aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir el costo de las modificaciones, los peritos detectaron que en octubre de 2023 solicitó una adición de por un monto de 6.500 millones de pesos, que fue aprobada.
Además, se efectuó un pago por 3.339 millones de pesos por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.
“La obra fue suspendida en febrero de 2024 y, según los elementos recolectados, lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales”, indica el expediente.
Con base en el análisis de las pruebas y soportes documentales para la Fiscalía, las irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 3.339 millones de pesos.
La investigación también evidenció que en el municipio ya existía una institución educativa con diez sedes adicionales y que no se había previsto presupuesto para una nueva planta docente ni se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto.
Ante la gravedad de los hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó cargos al exgobernador como supuesto autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Al ser interrogado por parte del juez del caso, el exgobernador Aguilar no aceptó los cargos y se declaró inocente.
