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Siete exintegrantes del Bloque Noroccidental de las Farc que ejercieron mando en esta estructura, aceptaron por escrito la imputación que les hizo la JEP como máximos responsables regionales de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos en Antioquia, norte del Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.
Los magistrados de la JEP señalaron que ahora estos mandos medios de las antiguas Farc se preparan para reconocer frente a las víctimas, en audiencia pública, su responsabilidad por liderar la ejecución de la política de secuestro que ordenó el Secretariado de la antigua guerrilla.
Este reconocimiento se da en el marco de la investigación del Caso 01, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, sobre los secuestros cometidos por las antiguas Farc.
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Al antiguo Bloque Noroccidental de las Farc se le atribuye según los informes en poder de los magistrados de ser responsable del 25% de los secuestros del país, entre ellos el del excongresista Óscar Tulio Lizcano y los del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el ex consejero de Paz y exministro de defensa Gilberto Echeverri, estos dos últimos quienes fueron asesinados.
En el marco de estos graves hechos fueron imputados por la JEP Luis Oscar Úsuga, alias Isaías Trujillo o el Viejo’, excomandante del Bloque Noroccidental; Jesús Mario Arenas, alias ‘Marcos Urbano, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas; Rodolfo Ruiz Restrepo, alias Víctor Tirado, excomandante del Frente 57; y Pedro Baracutao excomandante del Frente 34.
También fueron objeto de imputación: Martín Cruz Vega, alias Rubín Morro, excomandante del Frente Aurelio Rodríguez; Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias Anderson o Carranza, excomandante del Frente Aureliano Rodríguez y el Frente 36; Jhoverman Sánchez Arroyave alias Rubén Cano o Manteco, quien estuvo a cargo de las milicias y comandó el Frente 58.
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De acuerdo con los expedientes judiciales el antiguo Bloque Noroccidental de las Farc cometió otros delitos en medio de los secuestros, como por ejemplo homicidios, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles inhumanos, desplazamientos forzados, violencia sexual y atentados a la dignidad personal.
