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Este miércoles, el excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe se presentará por segunda oportunidad ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). En esta diligencia judicial se espera que firme el acta de sometimiento a esta jurisdicción especial.
En el expediente contra el oficial en retiro reposan 60 casos por los cuales tendrá que responder. Entre estos se encuentran presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas en diferentes departamentos, así como la Operación Orión ejecutada, coincidencialmente, hace 16 años en la Comuna 13 de Medellín.
El documento tiene como base las investigaciones que adelantó un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en contra del general Montoya por las acciones irregulares que se habrían presentado durante febrero de 2006 y noviembre de 2008, tiempo en el que comandando uno de los pilares de la política de 'seguridad democrática' que tenía como objetivo incrementar los ataques contra los grupos armados ilegales.
En el documento de 16 páginas se registran 6.699 muertes en combate. En 2.429 de estos casos la Fiscalía General puso la lupa puesto que presuntamente se tratarían de ejecuciones extrajudiciales, o como se le conoce en el argot popular "falsos positivos".
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El organismo acusador también cuenta con las declaraciones de dos generales de la República (Jorge Arturo Salgado y Gustavo Matamoros) frente a las directrices que dio Montoya en las Brigadas para obtener más resultados operaciones. Los dos testimonios coinciden en algo: para el entonces comandante del Ejército lo más importante eran las bajas.
Para "motivar" a los comandantes de brigada se presentó una especie de lista. Entre más bajas se registraran más premios se entregaban: entre estos se destacan permisos, vacaciones, condecoraciones y ascensos. La Fiscalía recolectó un documento titulado "Políticas MG. Mario Montoya Uribe" que contenía 12 lineamientos para los comandantes de Brigadas para adelantar las operaciones.
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En el expediente también reposan las declaraciones de las presuntas irregularidades y abuso de la fuerza que se presentaron durante la puesta en marcha de la Operación Orión, la cual habría contado con el apoyo de grupos paramilitares.
El pasado 23 de septiembre, el general en retiro no reconoció a las 102 víctimas acreditadas dentro de este proceso.
Los 60 casos
El primer caso del expediente tiene relación con la denuncia presentada por el coronel Luis Fernando Borja Artistizábal en contra de los generales Mario Montoya, Luis Roberto Pico Hernández, Óscar Enrique González Peña y Jorge Arturo Salgado Restrepo por el delito de homicidio agravado en persona protegida.
La denuncia vincula al general Montoya y a los otros oficiales con el asesinato de Daniel Smith Padilla el 4 de abril 2007 en la finca La Concesión en la Vereda 'Abre el ojo' en el municipio de Galeras (Sucre). El hombre fue reportado como "dado baja en combate" por integrantes de la Unidad Centurión 43 al mando del subteniente Alejandro Guerrero, adscrita a las Fuerza de Tarea Conjunta Sucre.
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Igualmente se encuentra la denuncia presentada por el mismo coronel Borja Aristizábal en contra del general Montoya por los hechos registrados el 29 de enero 2008 en la finca Chipré 3 en el corregimiento de Valencia en el municipio de Sincé (Sucre) cuando integrantes del Batallón Junín adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre reportó la muerte de Saleth de Jesús Caldera Yánez en combate.
En el tercer acápite del documento aparecen mencionados los hechos que rodearon la Operación Orión registrada entre los días 16 y 18 de octubre de 2002 en la Comuna 13 en el occidente de Medellín. Para contextualizar la situación se indica que en esa operación se realizaron allanamientos y capturadas ordenadas por la Fiscalía 177 destacada ante la Cuarta Brigada del Ejército.
Esto debido a la "época de terror por cuenta de grupos armados ilegales ya que esa zona era disputada por las Autodefensas, milicias del ELN-Farc-CAP, que la convirtieron literalmente en un campo de batalla donde se cometían todo tipo de crímenes: secuestros, extorsiones, desapariciones, desplazamientos forzados y homicidios".
El operativo contó con el apoyo del DAS, Fuerza Aérea, CTI de la Fiscalía, Ejército y Policía. Las autoridades registraron en ese momento estos resultados: 99 allanamientos, 170 personas judicializadas por denuncia y reconocimiento en fila de personas, 48 personas capturadas, entre otros aspectos.
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"Consecuencia de lo anterior, en ese momento en los días y semanas siguientes ocurrieron hechos delictivos en contra de la población civil que terminaron circunscribiéndose en homicidios, lesiones personales, homicidios" y privaciones injustas de la libertad.
Entre las víctimas reconocidas dentro de esta investigación se encuentran John Wilmar Rodríguez Cartagena y Germán de Jesús Montoya, quienes resultaron heridos el 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13 en el desarrollo de dicha Operación.
Juan Carlos Cano Giraldo y Elkin de Jesús Ramírez Vélez murieron en el desarrollo del operativo urbano. Álex Edinson González Medina fue reportado desaparecido; Danny Ferney Quiroz Benítez fue privado injustamente de la libertad y posteriormente declarado como desaparecido; e Iván de Jesús Herrera fue privado de la libertad de manera ilegal.
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"Blanca Lilia Ruiz Marín fue desaparecida, John Fredy Castro Castrillón fue privado de su libertad por agentes del Ejército en un allanamiento hecho el 18 de octubre a su vivienda en el barrio 20 de Julio y posteriormente fue declarado como desparecido (...) Carlos Mario Muñoz Montoya fue torturado, privado de su libertad y lesionado durante su detención (...) Edwin Antonio Salazar Granada fue desaparecido (...) Diana Marcela Granados Ramírez fue desaparecida", resalta el expediente.
Las defensoras de los derechos humanos María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce fueron detenidas ilegalmente y posteriormente liberadas. Ana Teresa Yarce fue asesinada el 6 de octubre de 2004 en el barrio La Independencia III en la Comuna 13.
En este punto se cita que existe un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2002 que declaró responsable al Estado colombiano por las irregularidades que se presentaron durante la detención de estas mujeres, la falta de acciones para proteger su vida y las omisiones para investigar lo qué ocurrió.
