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La Fiscalía General de la Nación logró recopilar suficiente material probatorio sobre un nuevo caso de corrupción en el que también estaría involucrado Emilio Tapia (condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá) y en el que también se habrían falsificado documentos para obtener millonarios contratos pero esta vez con las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
La investigación logró determinar que al parecer Tapia estaría también estaría relacionado con las irregularidades que se cometieron para que la licitación fuera adjudicada al Consorcio Clarificación Puerto Mallarino, de quien es representante legal Herles Rodrigo Ariza, quien sería amigo y socio del polémico contratista.
Hasta el momento se señala que se falsificó una garantía bancaria del banco Itaú, con el objetivo de quedarse con los millonarios contratos que tenían un valor total de 6.212 millones de pesos distribuidos así: en el primer proceso contractual 3.798 millones de pesos y en el segundo 2.414 millones de pesos.
Otro de los elementos que evalúa la Fiscalía General de la Nación es un informe entregado por el Banco Itaú, donde señala que esa garantía bancaria corresponde a un documento falso.
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Este sería un escándalo de corrupción diferente al que se presentó con la licitación del billonario contrato que tenía como finalidad llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales.
Entre tanto, este viernes se definirá si Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá), Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, en el escándalo de corrupción en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal, son enviados o no a la cárcel.
