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El jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán fue designado para investigar los hechos denunciados por la Red de Veedurías de Cartagena en contra de la ahora exministra de las TIC, Karen Abudinen por las irregularidades que rodearon la licitación del billonario contrato que tenía como finalidad llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales.
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En un documento enviado por el secretario administrativo de la Fiscalía General al denunciante -revelado por El Espectador- se le comunica que su denuncia fue aceptada: “De manera atenta me permito informarle que al despacho del Dr. Gabriel Ramón Jaimes Durán, fiscal coordinador de Fiscalías Delegadas ante la Corte, le correspondió el radicado de la referencia, en relación con la doctora Karen Cecilia Abudinen, Ministra de Tecnología de la Información”.
En la acción judicial se indica que ante la importancia y costo del contrato (1.2 billones de pesos) Abudinen, siendo la Ministra, tenía que conocer en detalle todo el proceso licitatorio y la puesta en marcha del convenio. En este sentido se indica que tiene una responsabilidad por la entrega del anticipo de los 70 mil millones de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por una empresa del contratista Emilio Tapia Aldana, recordado por ser uno de los protagonistas del ‘carrusel de la contratación’.
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El millonario anticipo, que tenía como objetivo la compra de equipos sin embargo estos nunca fueron adquiridos. Dicho dinero habría terminado en paraísos fiscales situación que pone en riesgo su recuperación. El 22 de junio pasado, debido a los constantes incumplimientos y demoras se inició la audiencia de caducidad de dicho contrato.
En diferentes oportunidades Abudinen ha señalado que fue ella quien denunció las irregularidades con el contrato y que tomó cartas en el asunto para adelantar su caducidad puesto que tanto ella como sus funcionarios fueron engañados por la Unión Temporal Centros Poblados con la presentación de pólizas bancarias y de seguros falsas para resultar beneficiados con la licitación.
Debido a esto, la exministra pedirá ser declarada como víctima dentro del proceso penal que se adelanta contra los representantes de Centros Poblados (Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque) al indicar que indujeron al error la licitación.
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La investigación en la Procuraduría General contra la exministra se encuentra en etapa preliminar, es decir, se están recolectando los elementos materiales probatorios para verificar si existen o no méritos para abrirle un proceso formal disciplinario.
