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Diez de los 69 fallecidos ya tienen nombre. En Bogotá, el Instituto de Medicina Legal avanza en la identificación de las víctimas de la caída de la aeronave C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo. El proceso, lento por naturaleza, continuará por lo que resta de la semana.
Las autoridades han confirmado las 69 muertes, si bien la búsqueda en la zona del siniestro no se detiene hasta ubicar a un militar desaparecido. En el Hércules viajaban 127 personas. El Hospital Militar Central, también en la capital, atiende a veintiséis sobrevivientes y un rescatista.
Medicina Legal dispuso doce equipos interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. La sede central de la institución recibió a la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar de la tragedia.
El Instituto debe velar por el abordaje y la identificación de los cuerpos antes de autorizar su traslado a funerarias que luego los enviarán a las Fuerzas Militares; estas les preparan homenajes póstumos tanto en Bogotá como en las regiones de origen de los fallecidos. Las familias que acudieron a la dirección regional esperan respuestas.
Los análisis forenses adelantados hasta el momento han identificado a Ariel Leonardo Villota Guevara, uno de los dos policías a bordo del avión. Nació en 1989 y fue un subintendente del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula). Buscaba especializarse en Derecho Procesal en la Unicervantes.
Los primeros nombres tras la tragedia
También a Jaime Alexander Fernández Camargo, un bogotano que tenía el grado de mayor en la Fuerza Aeroespacial, donde llevaba diecinueve años en servicio; al cabo tercero Yeferson Fabián Otavo Yaima, y a los soldados profesionales Andrés Javier Moreno Chávez, Luis Eduardo Blanco Hernández y Mateo Herrera López.
El listado, que el director de Medicina Legal —el médico Ariel Cortés— entregó en un boletín oficial, sigue con Benjamín Esteban Pérez Torres, Rafael Santos Guerra Almeida y Daniel Esteban Arias Pérez, todos soldados profesionales. Y cierra con Jhonathan Stid Pinzón Reyes, técnico segundo con dieciocho años en la FAC.
La marcha de los cotejos puede resultar desesperante. En medio de la desinformación, decenas de familiares se aglomeraron en la sede principal del Instituto este miércoles para reclamar los restos de los fallecidos, pero la burocracia les bloqueó cualquier indicio de claridad, pese al acompañamiento castrense y el psicológico.
Alcides Julio viajó desde Berrugas, un poblado de Sucre al pie de San Onofre acostumbrado a recibir pesqueros del Archipiélago de San Bernardo, para escudriñar algún dictamen sobre su hijo, Kaleth David Julio, el único soldado no profesional entre las víctimas. Nadie le dio certeza, ni a él ni a su esposa ni al primo del soldado.
Kaleth tenía diecinueve años. Prestaba el servicio militar y aspiraba a seguir en la carrera para brindar mejores oportunidades a su familia. “Mi hijo quedó ahí”, en el vuelo siniestrado, narró Alcides en la entrada de Medicina Legal. “No me lo quieren mostrar, no me dicen nada, no sé nada”, añadió.
La espera de las familias en Bogotá
“Nos llamaron y nos dejaron un número pa’ que nos comunicáramos”, pero “esos números no salen”, contó. Los canales de atención del Instituto estaban tan colapsados como la sala de espera el 25 de marzo, dos días después de la caída del Hércules. “Al ver que no nos dicen nada, vinimos hacia acá”, remató Julio.
Antes de que cayera un aguacero en el centro de Bogotá, a Alcides Julio y a los familiares plantados frente a Medicina Legal los abordaban tres militares, tres psicólogas y unos tres agentes de funerarias. O tramitadores. La confusión se mezclaba con el llanto alrededor de un modesto puesto de paquetes de comida.
Los militares juntaban a los familiares en círculos y les aclaraban que no era su obligación hablar ante la prensa. Las psicólogas en algunos casos sugerían no hacerlo. El personal del Instituto les tomó huellas y algunos datos para constatar que sus hijos, esposos, hermanos, primos o parientes en suma estaban en la oficina.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó la sede, sostuvo una reunión con el director Cortés y habló con un puñado de los familiares. “Todos los costos para la identificación que está adelantando Medicina Legal son cubiertos por el Estado colombiano", señaló al término, advirtiendo de posibles estafas.
“No tienen que pagar ni un solo peso. Tampoco deben pagar para que aceleren el proceso de identificación de un familiar”, dijo el general en retiro junto al médico. Las investigaciones por el siniestro en Putumayo avanzan, y Sánchez aprovechó la oportunidad para pedir evitar las especulaciones sobre sus causas.
